La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estrenó este 1 de septiembre a sus nueve nuevos ministros, encabezados por el presidente Hugo Aguilar Ortiz, quien apareció en la fotografía oficial con una toga adornada con motivos indígenas en solapa y mangas. A su lado, la ministra Lenia Batres Guadarrama, llamada a sucederlo en dos años.

El arranque, sin embargo, no estuvo marcado por la solemnidad sino por la ILEGITIMIDAD. La elección del pasado 1 de junio ha sido señalada como uno de los fraudes más descarados de la incipiente democracia mexicana: miles de “acordeones” con listas de votación prediseñadas fueron distribuidos para garantizar un resultado favorable al oficialismo.

Hoy, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) discute proyectos de nulidad presentados por los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora, quienes documentaron 3,188 acordeones impresos y 374 materiales digitales como prueba de una estrategia ilícita y generalizada. Ambos sostienen que se violaron principios de certeza, equidad y autenticidad del sufragio, y proponen incluso dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

Los datos estadísticos presentados refuerzan la sospecha: las nueve candidaturas ganadoras concentraron el 46% de la votación efectiva frente al 54% disperso en otras 55 opciones. Para Otálora, la probabilidad de que esto ocurriera espontáneamente es “mínima y casi nula”.

En contraste, desde Palacio Nacional los operadores políticos de la presidenta Claudia Sheinbaum y de Rosa Icela Rodríguez presionan para blindar el resultado y garantizar que la mayoría de magistrados convalide la elección.

El triunfo de Hugo Aguilar, apodado “el ministro indígena” y presentado por sus simpatizantes como una reencarnación de Benito Juárez, sorprendió incluso a ministras cercanas como Lenia Batres y Yasmín Esquivel, hasta que entendieron que se trataba de la línea dictada desde la cúpula de la 4T.

Así, la nueva Corte arranca con un pesado lastre: ILEGITIMIDAD de origen, dudas sobre la independencia de sus ministros y un liderazgo que amenaza con convertirse más en brazo político que en contrapeso constitucional.

El contraste con la gestión de Norma Piña es inevitable. Si aquella presidencia será recordada por su rigidez constitucional, la que inicia con Aguilar Ortiz nace cuestionada, precaria en calidad jurisdiccional y vulnerable al juicio de la historia.