El Paquete Económico 2026 presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum contempla un incremento histórico al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las bebidas azucaradas: de 1.64 pesos por litro a 3.08 pesos, casi un 100% más. Con ello, el gobierno proyecta recaudar más de 75,000 millones de pesos, es decir, un 73.8% más que lo estimado este año. La medida se justifica como una acción de salud pública frente a la obesidad y la diabetes, pero el debate revela una realidad más compleja: el consumo de refrescos en México responde tanto a carencias estructurales como a dinámicas culturales y económicas que no se resuelven con un alza en los precios.
El consumo y la falta de agua
Para Diana Delgadillo, directora de operaciones en The Hunger Project México, el impuesto al refresco ha tenido un impacto limitado. “En México apenas provocó que un 8% de la población redujera su consumo, mientras que en países europeos donde se aplica un impuesto con el objetivo de eliminar el consumo, la disminución real también ronda 20%. Aquí se planteó en 2014 que los recursos se destinarían a bebederos escolares y a mejorar el acceso al agua, pero eso nunca ocurrió: el dinero terminó en la bolsa fiscal”, explica.
El problema de fondo, asegura, es que en muchas comunidades rurales e incluso urbanas, el refresco es más barato que el agua. “Un litro y medio de agua embotellada puede costar 25 pesos, mientras que un refresco de tres litros y medio vale 30. En épocas de sequía, las familias llegan a pagar hasta 5,000 pesos por pipas de agua que ni siquiera es potable. Esa agua se usa para bañarse o lavar trastes, pero no para beber. Frente a esa realidad, la gente elige el refresco”, detalla.
A ello se suma una dimensión cultural: en muchas comunidades, el refresco es símbolo de estatus. “Si puedes comprarlo, demuestras que tienes dinero frente a tu comunidad. Además, te da un ‘rush’ de azúcar percibido como energía. El problema es que no existe una política alimentaria integral que asegure el acceso al agua potable como derecho humano. Mientras no exista esa infraestructura, la gente seguirá consumiendo refrescos aunque suban de precio”, concluye.
A ello se suma una dimensión cultural y gastronómica. En comunidades rurales, los refrescos funcionan como moneda de cambio: “En Chiapas, por ejemplo, se negocia con autoridades comunitarias entregando rejas de refresco o bebidas alcohólicas. Es un producto que no solo se bebe, sino que tiene un papel social y simbólico”.
Delgadillo subraya que el error de política pública ha sido creer que el consumidor mexicano responde igual que en Europa. “Aquí la gente no elige entre agua del grifo y refresco, elige entre refresco barato y agua cara o inexistente. Es el México real, que no está en las mesas de quienes diseñan las reformas”.
La visión indígena: entre estatus y tradición
El Dr. Omar Cruz, sociólogo oriundo de Xochistlahuaca, Guerrero, de la cultura Nnancue’ Ñonmdaa’ (amuzgo) y luchador por los derechos de los pueblos indígenas, campesinos y agrarios, advierte que el refresco no forma parte de las tradiciones originarias, sino que se impuso y terminó por mezclarse en la vida comunitaria. “En lugares como San Juan Chamula, Chiapas, donde el consumo alcanza hasta 850 litros por persona al año, se llegó a considerar la Coca-Cola como bebida sagrada en rituales, cuando lo correcto sería recuperar fermentados como la chicha, hecha de maíz. Eso sí es tradición, no la gaseosa”, señala.
El académico explica que el consumo tiene dos raíces principales: la ausencia del Estado para garantizar agua potable y el valor simbólico que el refresco adquirió como signo de estatus. “El Estado mexicano ha sido incapaz de cumplir con este derecho humano, mientras que Coca-Cola y Sabritas llegan hasta el último rincón del país. En mayordomías o fiestas patronales, ofrecer refrescos en lugar de aguas naturales se convirtió en un símbolo de poder adquisitivo: quien lo hace demuestra que tiene más recursos que los demás”, apunta.
Aunque reconoce que el refresco ya forma parte de la vida festiva de muchas comunidades, es enfático en su postura: “Estoy en contra del consumo porque enferma, pero también reconozco que no basta con subir impuestos. Hace falta infraestructura, agua potable y recuperar nuestras propias bebidas culturales. Mientras eso no ocurra, el refresco seguirá llegando más fácil que cualquier política pública”, concluye Cruz.
La defensa de la industria refresquera
Desde la trinchera empresarial, Andrés Massieu Fernández, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb), sostiene que el incremento al IEPS es desproporcionado y no tendrá efectos reales en la salud pública. “Se trata de un aumento del 87% a la cuota vigente, que afectará directamente a los consumidores, especialmente a los de menores ingresos. Además, ahora se pretende incluir también a bebidas sin azúcar con edulcorantes, lo cual desincentiva la reformulación y la oferta de productos bajos o sin calorías”, afirma.
Massieu insiste en que el impuesto se concentra en apenas el 5% de las calorías que consumen los mexicanos, mientras que el 95% restante queda fuera. “El consumo per cápita de refresco se ha mantenido estable durante 30 años, pero la obesidad y la diabetes sí han crecido. No existe correlación directa entre refrescos y el aumento de estas enfermedades. Este impuesto, en México y en el mundo, se ha demostrado ineficaz”, agrega.
El impacto, dice, va más allá del bolsillo familiar. “Más de 1 millón 200 mil tienditas dependen de estas ventas, que representan hasta 30% de sus ingresos. Si caen esas ventas, muchas podrían cerrar. Eso significa pérdida de empleos, caída en inversión y un efecto en cadena sobre otros productos de la canasta básica. Queremos ser parte de la solución en salud, pero no con una medida inequitativa y dañina para la economía”.
El aumento al IEPS en 2026 abre un debate que no se agota en la discusión fiscal. Para expertos sociales como Diana Delgadillo y Omar Cruz, el verdadero problema no es el precio del refresco, sino la falta de agua potable, la desigualdad y la forma en que el refresco se integró en las dinámicas culturales y gastronómicas del país. Para la industria, en cambio, la medida no mejorará la salud y solo golpeará a consumidores y comerciantes.
