Las calles de Morelia y Uruapan se llenaron este domingo de indignación. Miles de ciudadanos salieron a protestar por el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, pero lo que debía ser una jornada de duelo y exigencia cívica se transformó en una muestra brutal de represión estatal.
La Guardia Civil del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla respondió a los manifestantes con balas de goma, gases lacrimógenos y golpes, en un operativo que muchos describen como desproporcionado y deliberadamente violento.
El golpe de Estado silencioso
Testigos narran que la policía irrumpió sin aviso ni diálogo, atacando directamente a mujeres, jóvenes y adultos mayores que exigían justicia frente al Palacio de Gobierno. Decenas fueron golpeados, arrastrados o detenidos arbitrariamente, mientras la fuerza pública aseguraba el edificio como si se tratara de un enemigo militar.
Una reportera local fue agredida y obligada a borrar su material mientras documentaba los abusos. Un fotógrafo independiente captó el momento en que los agentes sometían a manifestantes desarmados, una escena que muchos comparan con las imágenes de regímenes represivos donde la disidencia se castiga con violencia.
La protesta convertida en crimen
La marcha había iniciado de forma pacífica. Ciudadanos vestidos de blanco y negro marcharon con pancartas que decían “Justicia por Carlos Manzo” y “El gobierno lo mató”. Sin embargo, tras llegar al Palacio de Gobierno, la tensión escaló: algunos manifestantes rompieron puertas y mobiliario en un acto simbólico de furia ante la indiferencia del poder.
En respuesta, el Estado no contuvo: atacó. Las fuerzas de seguridad actuaron como un muro de represión, lanzando gases dentro del recinto y dispersando a la multitud con violencia. Lo que debía ser un grito de justicia terminó con heridos, detenidos y periodistas censurados.
La dictadura del miedo
Michoacán se ha convertido en un espejo del deterioro nacional: una tierra donde el miedo sustituye al diálogo y donde los gobernantes responden al pueblo con balas y gas.
La represión de Morelia no fue un accidente, sino un reflejo del autoritarismo que crece bajo el disfraz de legalidad. Un gobierno que calla la protesta y persigue la verdad ya no es democrático, sino dictatorial.
El asesinato de Carlos Manzo —un político que denunció vínculos del gobierno con el crimen organizado— desató la ira ciudadana. Pero la reacción del Estado confirmó el peor temor de los michoacanos: que la justicia está secuestrada y la represión es la nueva norma.
Silencio desde el poder
Mientras las calles ardían y los ciudadanos eran golpeados, el gobernador Ramírez Bedolla permanecía en silencio. No hubo disculpas, ni explicaciones, ni condenas a los excesos de sus policías. El vacío de liderazgo fue total.
La represión no frenó la indignación. En Uruapan, miles acompañaron el funeral de Manzo gritando “¡Narcoestado!” y “¡El gobierno lo mató!”. El gobernador fue expulsado entre abucheos y una ciudadana lo abofeteó en señal de protesta.
El pueblo contra el régimen
Lo ocurrido en Michoacán marca un punto de quiebre. La sociedad civil ha anunciado nuevas movilizaciones y exige la renuncia inmediata del gobernador. La indignación ya no se limita a la muerte de un exalcalde, sino al hartazgo por un gobierno que oprime, encubre y calla.
Las imágenes de ciudadanos arrodillados, sangrando, mientras la policía los arrastra por exigir justicia, quedarán grabadas como el rostro real de un régimen que perdió toda legitimidad.
Michoacán no solo exige justicia por Carlos Manzo. Exige el fin del miedo, el fin de la impunidad y el fin de un gobierno que ha cruzado la línea: del autoritarismo a la dictadura.
