México ha sido colocado en el lugar 99 de 105 países evaluados por el World Justice Project (WJP) en su más reciente Índice de Estado de Derecho, en el rubro específico de ausencia de corrupción. Con una puntuación de apenas 0.27 (en una escala donde 1 es ausencia total de corrupción), el país se ubica entre los diez peores del mundo, superando únicamente a naciones con severas crisis institucionales como Venezuela (105º), Haití (104º), Camerún (103º) y la República Democrática del Congo (102º).
Más grave aún es el hecho de que países con regímenes autoritarios o democracias frágiles, como Uganda (95º), Nigeria (97º) o Pakistán (96º), superan a México en este indicador, lo que refleja la profundidad del problema de corrupción que enfrenta el Estado mexicano.
En contraste, Dinamarca (1º) encabeza la lista con una puntuación de 0.95, seguida de Noruega (2º), Finlandia (3º), Suecia (4º) y Nueva Zelanda (5º), todos ellos países con democracias consolidadas y sólidos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Entre los países latinoamericanos, Uruguay (26º, con 0.64) y Costa Rica (39º, con 0.51) se posicionan como los mejores evaluados en el rubro de ausencia de corrupción. En cambio, Brasil (74º, con 0.37), Perú (85º, con 0.33) y Colombia (86º, con 0.33) se ubican a media tabla, mientras que México se encuentra en el sótano regional, sólo por encima de Venezuela y Haití.
El Índice del Estado de Derecho del WJP mide la ausencia de corrupción como uno de sus ocho factores clave, denominado “Factor 2”, que evalúa tres formas principales de prácticas corruptas: soborno, influencia indebida de intereses públicos o privados, y malversación de fondos públicos o recursos gubernamentales. La evaluación se centra en cinco instituciones fundamentales: el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, la policía y el ejército.
UTILIZAN CARGOS PARA OBTENER BENEFICIOS PRIVADOS
En lo que respecta al poder ejecutivo, el subfactor 2.1 evalúa si los funcionarios utilizan sus cargos para obtener beneficios privados, mediante sobornos o asignaciones irregulares en procesos de licitación pública. El reporte evidencia que en México esta práctica sigue siendo común, lo que obstaculiza gravemente el desarrollo económico y la confianza ciudadana en las instituciones.
El subfactor 2.2, centrado en el poder judicial, señala la prevalencia de jueces y funcionarios que aceptan sobornos o ceden a presiones externas, ya sea del gobierno, intereses privados o incluso del crimen organizado. Esta debilidad mina el Estado de Derecho y limita el acceso a una justicia imparcial.
En cuanto a las fuerzas armadas y la policía (subfactor 2.3), el informe advierte que la corrupción también está profundamente arraigada. El cobro de “mordidas” por parte de agentes para realizar funciones básicas de seguridad, así como la influencia de intereses criminales en operaciones estratégicas, son fenómenos que siguen afectando a buena parte del país.
FAVORES POLÍTICOS EN EL PODER LEGISLATIVO
Por su parte, el poder legislativo (subfactor 2.4) tampoco escapa al escrutinio. Según el índice, los legisladores mexicanos no están exentos de prácticas como el intercambio de favores políticos a cambio de votos o el uso indebido de recursos públicos para beneficios personales o de partido.
DEFICIENCIAS EN LA APLICACIÓN DE REGULACIONES
A estos indicadores se suma el Factor 6 del WJP, que mide la eficacia del cumplimiento normativo. Este rubro también presenta una evaluación negativa para México, revelando deficiencias en la aplicación de regulaciones, procedimientos administrativos y respeto al debido proceso.
El subfactor 6.1, que mide si las regulaciones gubernamentales se aplican eficazmente y sin corrupción, muestra que persisten altos niveles de pagos informales y adjudicaciones no transparentes en los contratos públicos. El subfactor 6.2, que evalúa si estas normas se aplican sin influencias indebidas, coincide en que tanto el poder judicial como los organismos reguladores carecen de autonomía efectiva.
El subfactor 6.3 señala la existencia de demoras injustificadas en procedimientos administrativos, muchas veces asociadas con sobornos para agilizar trámites. Mientras que el subfactor 6.4 evidencia un reiterado irrespeto al debido proceso en decisiones administrativas, afectando a ciudadanos y empresas por igual.
Finalmente, el subfactor 6.5 expone la falta de garantías ante casos de expropiación, donde el gobierno no siempre cumple con los procedimientos legales ni proporciona compensaciones adecuadas. Este tipo de prácticas, además de erosionar la confianza inversionista, representan una violación sistemática a los derechos de propiedad.
MÉXICO, EN UNA POSICIÓN CRÍTICA
Los resultados del World Justice Project colocan a México en una posición crítica que no puede ser minimizada ni tratada como un problema exclusivamente heredado. La corrupción estructural es un fenómeno que atraviesa a todos los niveles e instituciones del Estado, y cuya persistencia impide cualquier avance sustantivo en democracia, justicia o desarrollo.
Pese a los múltiples discursos sobre combate a la corrupción, la realidad retratada por el WJP muestra que las acciones han sido insuficientes, cuando no francamente simuladas. La rendición de cuentas, la independencia judicial, la autonomía de los órganos reguladores y el fortalecimiento institucional siguen siendo tareas pendientes que requieren voluntad política real.
Si no se emprenden reformas profundas y se garantiza el fin de la impunidad, México corre el riesgo no sólo de seguir descendiendo en los índices internacionales, sino de ver socavada la confianza de su ciudadanía en la legalidad democrática, lo cual ya se manifiesta en abstencionismo electoral, desconfianza generalizada y normalización de la ilegalidad.
