El gobierno de Layda Sansores inicia la cuenta regresiva hacia uno de sus periodos más críticos. Lo que comenzó como una serie de cuestionamientos técnicos en el Congreso y mesas de análisis financiero, ha escalado hasta convertirse en un llamado a la movilización social que promete marcar el arranque del próximo año.
El origen del conflicto: Deuda y Opacidad
La principal manzana de la discordia es el acelerado ritmo de endeudamiento público que ha caracterizado los últimos meses de su gestión. Diversos sectores de la sociedad civil, acompañados por cámaras empresariales y bloques de oposición, denuncian dos puntos clave:
- Falta de claridad: No existe información pública suficiente sobre el destino real de los recursos obtenidos mediante estos créditos.
- Riesgo a mediano plazo: Se teme que el costo de la deuda termine asfixiando las partidas destinadas a inversión pública, programas sociales y servicios básicos, afectando directamente la calidad de vida de los campechanos.
De la discusión política a la toma de calles
Fuentes cercanas a los movimientos ciudadanos confirman que el descontento ya superó la barrera del debate institucional. Se están organizando comitivas para realizar jornadas de protesta durante la primera quincena de enero de 2026. Este movimiento busca aglutinar a:
- Empresarios locales preocupados por la estabilidad económica.
- Organizaciones civiles que exigen transparencia total.
- Ciudadanos inconformes con las prioridades de gasto de la administración actual.
Un punto de inflexión para el estado
Para los analistas, este inicio de año representa un desafío sin precedentes para la gobernadora. La capacidad de su administración para dialogar y transparentar las finanzas será puesta a prueba antes de que el malestar acumulado se convierta en una crisis de gobernabilidad. La moneda está en el aire, pero el mensaje de la ciudadanía es claro: el presupuesto de Campeche no debe comprometer el futuro de las siguientes generaciones.
