Un expediente fiscal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirma que el buque Challenge Procyon, que arribó al puerto de Tampico a finales de marzo de 2025, transportaba 20 millones 944 mil litros de combustible ilegal, y no los 10 millones de litros que las autoridades federales reportaron como decomisados. La diferencia equivale a una evasión fiscal estimada en más de 190 millones de pesos.
Documentos oficiales obtenidos por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelan que, pese a que el aseguramiento fue presentado como “histórico”, al menos la mitad del cargamento desapareció, sin que hasta ahora exista una explicación oficial sobre el destino de ese combustible.
De acuerdo con actas de un procedimiento administrativo iniciado por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en noviembre de 2025, derivado de la revisión de pipas que transportaban diésel procedente de Estados Unidos, se estableció que la empresa Intanza importó más de 20.9 millones de litros de huachicol.
El SAT comenzó revisiones a las pipas involucradas en la descarga del combustible ilegal, incluyendo unidades de las empresas Mefra Fletes y Express Roca. El análisis de los pedimentos de importación y de muestras del producto confirmó que el cargamento fue declarado falsamente como aditivos para aceites lubricantes, con el objetivo de evadir el pago de impuestos correspondientes al diésel.
El expediente señala que, tras reclasificar la mercancía, se determinó que los 17 millones 459 mil 290 kilogramos declarados equivalían, con base en un factor de densidad de 0.8336 kg/L, a 20 millones 944 mil 445.77 litros de diésel.
Con esta reclasificación arancelaria, el SAT calculó que por cada pipa que transportaba alrededor de 49 mil litros de diésel ilegal se omitió el pago de 477 mil pesos en contribuciones, lo que representa cerca de 10 pesos por litro. En total, el cargamento completo habría generado una evasión fiscal superior a los 190 millones de pesos.
Además, el valor declarado en aduanas fue de apenas 53 millones de pesos, es decir, 2.5 pesos por litro. Sin embargo, el SAT determinó que el precio real del diésel en esas fechas era de al menos 10.9 pesos por litro, lo que eleva el valor real de la mercancía a más de 218 millones de pesos, base sobre la cual debieron calcularse impuestos como el IEPS.
Desde el 29 de abril de 2025, MCCI había documentado que el Gobierno federal sólo informó el decomiso de la mitad del volumen real asegurado a Intanza. La empresa promovió diversos amparos reclamando el aseguramiento de 5 millones 460 mil galones de supuesto aditivo, equivalentes a cerca de 20 millones de litros.
Incluso, un informe oficial de la Secretaría de Marina, difundido el 5 de mayo y obtenido por MCCI, confirmaba que las autoridades federales sabían que el Challenge Procyon ingresaría a Tampico con una carga cercana a los 20 millones de litros, el doble de lo que públicamente se reportó como incautado.
El 28 de abril, MCCI también reveló que Francisco Javier Antonio Martínez, entonces director de Administración de la ASIPONA de Tampico, mantenía vínculos con los dueños de Intanza. Tras la publicación, Martínez fue destituido junto con otros funcionarios portuarios y aduanales, y el 6 de septiembre se informó de su detención en el marco de un operativo contra una red de tráfico ilegal de combustible en Tamaulipas, en la que participaron altos mandos de la Marina, incluidos familiares políticos del exsecretario Rafael Ojeda Durán.
No obstante, hasta hoy ninguna autoridad federal ha explicado qué ocurrió con los más de 10 millones de litros de huachicol que no aparecen en el decomiso oficial.
