La ministra Lenia Batres se ha convertido en la figura más radical y politizada dentro de la Suprema Corte. Ya no actúa como una jueza que interpreta la Constitución, sino como alguien que intenta meter sus ideas políticas personales en cada decisión. Su terquedad y su forma de imponer criterios no solo son preocupantes, sino que empiezan a poner en riesgo principios básicos del derecho como la justicia, la libertad, la igualdad ante la ley, la legalidad y la certeza jurídica que el Estado debería garantizar.
En apenas cinco meses desde que entró en funciones la nueva Corte, sobran ejemplos de un comportamiento errático, egocéntrico y peligroso por parte de Batres. Lo ocurrido ayer deja claro que su interés nunca fue convertirse en una defensora del derecho o en una garantía de imparcialidad judicial. Lo que busca es algo muy distinto: transformar a la Suprema Corte en un espacio político, donde las sentencias se alineen con la ideología del lopezobradorismo y de la izquierda más radical, a la que ella y su familia pertenecen abiertamente.
Batres parece empeñada en convertir al máximo tribunal del país en una especie de asamblea ideológica, donde en lugar de aplicar la ley se persiga, castigue o ajuste cuentas con quienes no piensan como el régimen. De otra manera no se explica el episodio vergonzoso que protagonizó cuando siete de los nueve ministros votaron para eliminar un párrafo de su proyecto de sentencia. Ese párrafo insistía en reabrir un debate que ya había sido rechazado por el pleno: la posibilidad de revisar sentencias firmes, poniendo en duda el principio de cosa juzgada y la seguridad jurídica de las resoluciones judiciales.
Durante la sesión pública, la mayoría dejó claro que ese párrafo no tenía relación con el tema que se estaba resolviendo y que, además, contradecía un criterio ya aprobado: reabrir sentencias definitivas vulnera la certeza jurídica de las personas. Aun así, Batres se negó a aceptar el resultado de la votación y defendió con obstinación un texto que abría la puerta a revisar en el futuro la figura de la “cosa juzgada fraudulenta”.
Su berrinche fue tolerado por el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, pese a que la decisión de la mayoría era clara. Esto provocó un debate innecesario sobre algo elemental: que la Suprema Corte es un órgano colegiado y que sus resoluciones se deciden por mayoría, no por el capricho de una sola ministra. Fue Yasmín Esquivel quien tuvo que recordarle a Batres, y también al presidente, que una sentencia no puede incluir posturas que no cuenten con el respaldo del pleno, porque eso viola la lógica democrática y la Constitución misma.
Al final, Lenia Batres quedó prácticamente sola, con el apoyo únicamente de Sara Irene Herrerías. Aun así, insistió en victimizarse y acusó a la mayoría de querer modificar su proyecto y de aplicarle reglas “que no existen”. Se negó a aceptar algo básico: que el pleno tiene la facultad de modificar un proyecto cuando la mayoría así lo decide. En su discurso, Batres dejó claro que considera su proyecto como algo personal, casi intocable, por encima de la decisión colectiva del tribunal.
Todo indica que ya ni siquiera cuenta con el respaldo de quienes antes votaban con ella, el llamado “bloque negro” de la Corte. A pesar de eso, sigue cuestionando la autoridad de la mayoría y pretende que sus opiniones valgan más que las de siete ministros, aunque estén en contra del sentido común, de la Constitución y de los principios más elementales del derecho mexicano.
Más que actuar como juzgadora, Lenia Batres se comporta como una activista política sentada en la Corte. No juzga: milita. No interpreta la ley: la usa como herramienta ideológica. Y no está sola. Detrás de ella está el sector más radical del morenismo, donde figuran su hermano Martí Batres, Clara Brugada y César Cravioto. Por su conducta, sus enfrentamientos y sus constantes berrinches, queda claro que Lenia Batres no es una “ministra del pueblo”, sino la operadora política más agresiva de la 4T dentro de la Suprema Corte.
