La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó a un grupo de juezas y magistradas federales mexicanas que fue admitida para revisión la petición que presentaron contra la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024, al considerar que su aplicación vulnera derechos humanos.
La notificación corresponde a una etapa previa a la admisión de fondo, conocida como Informe de Admisibilidad, mediante la cual una petición ante la CIDH se formaliza como caso, recibe un número de identificación y avanza hacia el análisis de fondo.
Fuentes judiciales indicaron que el aviso fue enviado a los abogados del Centro Vance para la Justicia Internacional, organización que representa legalmente a 14 juezas y magistradas federales que impugnaron la reforma judicial por presuntas violaciones a sus derechos.
Aunque la notificación aún no aparece publicada en el sitio oficial de la CIDH, fue confirmada a Aristegui Noticias por la magistrada Julia María García González, presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed).
Para que una petición sea admitida en el fondo, la Comisión debe verificar que cumpla con los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme al procedimiento establecido en su reglamento interno.
Como parte de este trámite inicial, la CIDH también notificó al gobierno de México sobre la existencia de la petición y otorgó un plazo de hasta cuatro meses a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que presente los informes correspondientes.
La reforma judicial derivó en el cese masivo de jueces y magistrados de carrera, quienes fueron sustituidos por juzgadores electos, además de establecer recortes a salarios y prestaciones que percibían previamente.
La semana pasada, jueces y magistrados federales realizaron movilizaciones para exigir el pago completo e inmediato de sus indemnizaciones. Acusaron al Órgano de Administración Judicial de incumplir con esa obligación y denunciaron, además, la falta de pago de los ahorros que habían aportado para su retiro.
La posible admisión de esta queja se suma a otras peticiones y demandas presentadas ante instancias internacionales contra el Estado mexicano por la aprobación e implementación de la reforma judicial, incluida la elección judicial realizada el año pasado.
