Un ajuste fiscal aprobado para 2026 amenaza con encarecer los seguros de gastos médicos mayores y coloca a millones de personas frente a una disyuntiva cada vez más común: seguir pagando una póliza privada cada vez más costosa o depender de un sistema público de salud que aún presenta carencias estructurales.
A partir de este año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) modificó el tratamiento fiscal de las indemnizaciones pagadas por las aseguradoras, al impedir que estas deduzcan el IVA como si se tratara de un gasto propio. El cambio quedó establecido en la Ley de Ingresos 2026 y, de acuerdo con analistas del sector, podría traducirse en aumentos generalizados en las primas de los seguros privados, incluso por encima de la inflación.
Las estimaciones apuntan a incrementos de entre 10 y 20%, un escenario que ya genera inquietud entre los cerca de 14 millones de personas que en 2024 contaban con un seguro de gastos médicos mayores. Estos instrumentos financieros suelen ser el principal respaldo ante accidentes, enfermedades graves o emergencias médicas.
La preocupación se concentra en dos posibles desenlaces: asumir incrementos anuales cada vez más difíciles de sostener o renunciar a la cobertura privada y quedar a merced del sistema público de salud.
En este contexto, el gobierno federal anunció que a partir de marzo comenzará la transición hacia un Sistema Universal de Salud, mediante la credencialización de la población. El objetivo es permitir que los pacientes puedan atenderse en hospitales del IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar sin importar su afiliación, gracias a un esquema de intercambio de servicios entre instituciones. Sin embargo, se prevé que este modelo funcione plenamente hasta 2027.
Mientras tanto, el sistema público sigue enfrentando rezagos. Actualmente, 44.5 millones de personas carecen de acceso a servicios de salud, el doble de las que se encontraban en esta situación en 2018. A ello se suma que seis de cada 10 personas recurrieron a servicios privados o farmacias en 2024, lo que mantiene a México como el segundo país con mayor gasto de bolsillo en salud dentro de la OCDE. Del total del gasto en salud, 39% proviene directamente de los hogares.
Judith Méndez, analista del Centro de Investigaciones Económicas y Presupuestarias (CIEP), advirtió que el cambio fiscal podría agravar tanto la presión sobre el sistema público como sobre la economía de las familias.
“Si el sistema público no logra atender a más de la mitad de la población y el gasto de bolsillo ya es elevado, un aumento en el costo de los seguros privados complica aún más el acceso a la salud”, señaló.
El riesgo de empobrecerse por enfermar
El temor no es infundado. En México, la atención médica puede convertirse en un factor de empobrecimiento. De acuerdo con estimaciones del CIEP, alrededor de 857 mil familias enfrentaron gastos catastróficos y empobrecedores en salud durante 2024, es decir, destinaron más del 30% de sus ingresos totales al pago de servicios médicos.
Incluso con seguro, muchas personas no pueden cubrir los costos de hospitales privados, lo que ha vuelto comunes las colectas y campañas de recaudación para solventar tratamientos. Un ejemplo es el de la familia de Alexa Loera, una niña con epilepsia y encefalitis autoinmune, cuyos padres agotaron sus ahorros y vendieron su casa para pagar hospitalizaciones y especialistas, y hoy buscan apoyo a través de plataformas de donación.
Por ello, los seguros privados siguen representando, para una parte de la población, una vía para acceder a atención médica oportuna, especialmente en casos de urgencia, ante los largos tiempos de espera del sector público.
Aun así, la cobertura sigue siendo limitada. En 2024, solo 10.6% de la población contaba con un seguro de gastos médicos mayores, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). La desigualdad regional es marcada: mientras en Chiapas apenas 1.5% de la población tiene seguro, en Nuevo León la cifra alcanza 37%.
Pese al posible encarecimiento de las pólizas, Moody’s Local estima que la industria aseguradora crecerá 9.6% en 2026. No obstante, Méndez advierte que será necesario observar con cautela los efectos reales del cambio fiscal.
“Habrá que analizar la inflación del sector y si estos aumentos provocan que menos personas mantengan o contraten un seguro. Es probable que una parte del mercado actual termine saliendo”, indicó.
Desde la sociedad civil, Javier Sepúlveda, de la organización Vertebra, pidió mayor transparencia y regulación en el sector asegurador y hospitalario privado, con el objetivo de frenar abusos que afectan directamente a los usuarios.
Quienes pierdan su seguro privado enfrentarán un sistema público que aún registra desabasto de insumos, tiempos de espera prolongados y la necesidad de que los familiares cubran gastos de su propio bolsillo.
Ante este escenario, la AMIS sostuvo que aún es prematuro anticipar efectos concretos en las primas y recordó que las condiciones de las pólizas varían según la aseguradora, el ramo y el perfil del asegurado. Por ello, recomendó revisar cada caso de manera individual y evitar estimaciones generalizadas.
