La revista británica The Spectator publicó un análisis en el que sostiene que, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Estado mexicano dejó de confrontar de manera directa al crimen organizado y optó por una política de convivencia que se mantuvo de forma deliberada y sostenida a lo largo del sexenio.
De acuerdo con el texto, esta estrategia no fue presentada como una renuncia explícita al combate al narcotráfico, sino como una narrativa de “humanismo” y contención, mientras se registraban decisiones clave como la liberación de líderes criminales, la cancelación de operativos, el debilitamiento de la cooperación internacional y la justificación pública de estas acciones desde la presidencia.
El artículo recuerda episodios ampliamente documentados, como la liberación de Ovidio Guzmán en 2019 para evitar una escalada de violencia, las visitas presidenciales a Badiraguato —región históricamente vinculada al narcotráfico— y la defensa institucional de elementos militares señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado. Según The Spectator, estos hechos ocurrieron de manera abierta y sin consecuencias políticas internas significativas.
El análisis subraya que, para amplios sectores de la población mexicana, la repetición de estos eventos generó una sensación de impotencia social, lo que habría contribuido a normalizar prácticas antes consideradas inaceptables. En ese contexto, el texto señala que el verdadero impacto de la estrategia fue la desmovilización del juicio social frente a la violencia y la infiltración criminal.
La publicación también advierte que, con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, el discurso oficial ha cambiado, pero no así la estructura institucional ni los actores clave en materia de seguridad. Según el artículo, persisten las mismas zonas de control criminal, los mismos silencios oficiales y una continuidad en la gestión política del problema más que en su resolución de fondo.
En ese marco, The Spectator interpreta la reacción del gobierno mexicano ante recientes señalamientos provenientes de Estados Unidos no como una defensa de la soberanía nacional, sino como una respuesta motivada por el temor a investigaciones externas. El texto sostiene que el régimen político mexicano ha demostrado capacidad para resistir el desgaste del juicio público, pero no así el escrutinio judicial internacional.
Finalmente, el artículo concluye que la postura estadounidense no responde a consideraciones morales, sino a los efectos transfronterizos del crimen organizado, particularmente el tráfico de fentanilo y la violencia asociada. Para México, señala la revista, el daño no es nuevo: lleva décadas ocurriendo internamente, y lo que hoy genera incomodidad no es que se señale desde el exterior, sino que una parte significativa de la sociedad reconoce esos señalamientos como verosímiles.
