Primero fueron las camionetas blindadas para los ministros. Ahora, el llamado Poder Judicial “del pueblo” vuelve a quedar en evidencia por un gasto difícil de justificar: 268 millones de pesos destinados a la compra de vehículos nuevos de agencia.
La operación se concretó el 26 de diciembre, en pleno cierre de año, y ocurrió apenas días después de que la Suprema Corte solicitara autorización para gastar más de 22 millones de pesos en camionetas de lujo para sus integrantes. Lejos de tratarse de un caso aislado, la compra formó parte de una serie de contratos otorgados por el Poder Judicial de la Federación para renovar su parque vehicular con unidades de marcas como Mazda, Nissan y BYD.
Uno de los contratos fue asignado a Vehículos Japoneses, S.A. de C.V., empresa que recibió poco más de 21 millones de pesos para proveer 70 automóviles Mazda modelo 2026, todos nuevos. El paquete incluyó versiones manuales y automáticas del Mazda 2 Sedán.
El contrato más cuantioso fue para Jidosha Internacional, S.A. de C.V., que obtuvo 176 millones de pesos para la entrega de 357 vehículos Nissan. Esta empresa tiene entre sus accionistas a empresarios que ya habían sido favorecidos anteriormente con otros contratos del propio Poder Judicial.
A través de otra razón social —Evolución Automotriz, S.A. de C.V.— los mismos socios recibieron un nuevo contrato por casi 64 millones de pesos, esta vez para la compra de 124 vehículos híbridos BYD, adjudicado de manera directa. En esta empresa participan distintos consorcios automotrices, mientras que uno de los socios funge como director general.
El resultado final es contundente: casi 268 millones de pesos en vehículos nuevos, aprobados y asignados en cuestión de semanas, mientras el discurso oficial insiste en un Poder Judicial austero, renovado y cercano a la ciudadanía.
Una vez más, la narrativa choca con los hechos. Y la promesa de acabar con los excesos parece quedarse, otra vez, solo en palabras.
