La reforma político-electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum llega al Congreso con una grieta seria en el propio bloque oficialista. El Partido del Trabajo (PT), aliado de Morena desde 2018, decidió pasar de la resistencia privada a la confrontación abierta y plasmó sus objeciones en un documento interno conocido por EL PAÍS. El texto no solo rechaza la iniciativa: la acusa de estar guiada por “prejuicios presidenciales” y de buscar sostener un partido hegemónico, alterando reglas básicas del sistema democrático para favorecer a quien gobierna. El diagnóstico es directo: la propuesta “destruye” el modelo electoral vigente y abre la puerta a un rediseño que, en la práctica, concentraría el poder político.
El endurecimiento del PT profundiza la tensión dentro de la coalición. El fin de semana, el dirigente vitalicio petista, Alberto Anaya, marcó públicamente el nuevo tono del partido, luego de meses de inconformidad sostenida en privado. “Decimos ‘no’ al regreso del viejo partido de Estado que dominó México de 1929 a 2018”, lanzó, fijando una postura que ya no se limita a matices técnicos, sino que apunta al corazón político de la reforma.
Para el PT, la narrativa oficial de “reducir costos” y “simplificar estructuras” encubre un cambio integral del sistema y no un ajuste administrativo menor. El problema, según su lectura, no es operativo, sino político: detrás estaría la intención de consolidar una fuerza dominante.
El documento organiza sus críticas en cuatro ejes. El primero es el federalismo. La cúpula petista sostiene que la reforma empuja una centralización del poder electoral que contradice el pacto federal vigente desde 1824. A su juicio, la iniciativa permitiría que desde la capital se definan cuestiones que competen a los Estados: tamaño de congresos locales, métodos de selección de candidaturas e incluso remuneraciones. La crítica se vuelve particularmente dura frente a la intención de reducir o debilitar a los Organismos Públicos Locales (Oples), lo que el PT califica como un “error centralista” que recorta soberanía estatal. En su alternativa, proponen lo contrario: eliminar delegaciones estatales del INE y fortalecer a los organismos locales, dejando a la autoridad federal acotada a comicios nacionales, bajo una lógica más cercana al antiguo IFE. Para el partido, la discusión no es de trámite: es sobre el modelo de república.
El segundo eje es la eliminación de la representación proporcional, uno de los pilares de la pluralidad política desde la reforma de 1978. El PT sostiene que sustituirla por un esquema basado en candidaturas individuales significaría un “retroceso histórico”, al incentivar campañas personalistas por encima de plataformas ideológicas y erosionar el diseño que permitió abrir el sistema a más fuerzas políticas.
El tercer punto deriva de esa misma preocupación: el debilitamiento de los partidos. Según el documento, con el nuevo esquema los partidos quedarían reducidos a “franquicias electorales”, sin incentivos reales para construir proyectos programáticos. Si la competencia se convierte en una sumatoria de candidaturas individuales, argumentan, se pierde coherencia ideológica y se favorecen dinámicas de supervivencia personal, no discusiones de fondo. Lejos de acercar representantes a ciudadanía, el resultado —advierten— sería “fragmentación y simulación”.
El cuarto eje cuestiona la promesa de ahorrar. El PT afirma que, lejos de reducir costos, la propuesta podría elevarlos. El argumento combina aritmética y política: si se multiplican las campañas (de 300 a 400) y se obliga a candidatos de listas a promoverse de manera individual, se incrementan gastos operativos y de fiscalización. Además, subrayan que el mayor costo está en campañas de mayoría relativa y en el financiamiento público calculado con la fórmula actual, que tiende a favorecer al partido con más votos, es decir, Morena.
El PT coloca el “trasfondo” en el centro: con los cambios planteados —que no podrían aprobarse sin PT o Partido Verde— Morena tendría incentivos para mantener reglas que le permitan concentrar recursos y capitalizar posiciones competitivas, reforzando su dominio. El señalamiento pesa porque no proviene de la oposición, sino de un socio electoral que ha sido clave en votaciones y elecciones.
El documento también desacredita uno de los argumentos usados para defender la reforma: que hay legisladores de lista que “nunca han ganado” una elección. Para el PT, esos representantes también reciben respaldo ciudadano al formar parte de boletas partidistas, por lo que consideran “falaz” esa narrativa. Insisten en que convertir cada candidatura en una competencia individual puede confundir al electorado y debilitar la representación colectiva.
Más allá del contenido, el PT eleva el tono político al advertir que la iniciativa, guiada por “prejuicios presidenciales” o por la lógica de un partido hegemónico, pondría en riesgo la democracia competitiva. La advertencia no es menor: la coalición oficialista ha sido el sostén legislativo para alcanzar mayorías calificadas en reformas constitucionales y cambios legales. Una fractura real abriría un escenario de tensión rumbo a las elecciones intermedias de 2027, cuando estarán en juego 17 gobiernos estatales y decenas de cargos. Aun así, tanto PT como Verde han insistido en que la coalición se mantiene, pese al choque por la reforma electoral.
