Una revisión de aproximadamente 300 contratos asignados por el Ejército mexicano durante 2025, documentada por Latinus, ha puesto en evidencia un patrón inusual en la selección de proveedores: empresas y personas físicas que, sin especialización aparente, suministran desde insumos básicos hasta servicios y equipamiento de carácter industrial e incluso vinculado a la fabricación militar.
De acuerdo con la investigación, múltiples proveedores operan bajo esquemas amplios que les permiten ofrecer productos y servicios de naturaleza diversa. Entre los casos señalados destaca el de María del Rosario Martínez García, quien habría suministrado herramientas, químicos, harina y hasta 900 kilogramos de manteca de cerdo destinada a procesos industriales en instalaciones militares. En conjunto, sus contratos durante 2025 superaron los cuatro millones de pesos.
Otro ejemplo es la empresa AJ Trade, constituida originalmente en 2019 con un objeto enfocado a la administración de inmuebles, pero que posteriormente amplió sus actividades para incluir el diseño y fabricación de maquinaria para armas y municiones. De forma similar, HGW Process and Solutions modificó su objeto social en 2024 para comercializar sistemas contra incendios; meses después, obtuvo un contrato por 7.5 millones de pesos. Pese a haber sido sancionada ese mismo año por incumplimientos, la empresa recibió en 2025 un total de 17 contratos que suman 35 millones de pesos, aun cuando informes internos señalan deficiencias en la entrega de productos.
La investigación también revela una alta concentración de contratos en un número reducido de proveedores. La Dirección de Industria Militar habría asignado 130 contratos a 19 empresas y dos personas físicas, por un monto superior a los 230 millones de pesos.
Además, se identificó la participación de proveedores denominados “todólogos”, caracterizados por ofrecer una amplia gama de productos sin una especialización definida. Entre ellos se encuentra Didactic City, que vende al Ejército acero, maquinaria industrial, mobiliario y equipo médico, mientras que a otras dependencias ofrece uniformes. Por su parte, Comercializadora Mexicana GC2 suministra desde papel higiénico y varillas hasta material eléctrico para instituciones como el IMSS. Asimismo, René Carlos Aguilar figura como proveedor de productos de limpieza, hielo, agua, así como servicios de renta de ambulancias y equipos de cómputo; en 2025 facturó aproximadamente 2.2 millones de pesos por suministros en obras en Quintana Roo.
El reporte también incluye contratos vinculados al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, administrado por personal militar. Según los datos analizados, esta terminal habría asignado 38 millones de pesos a una empresa previamente sancionada por la Secretaría de la Defensa Nacional en 2023, así como 30 millones a otra compañía bajo investigación de la Auditoría Superior de la Federación.
Un elemento particularmente relevante del informe es la existencia de registros internos que indican que algunas empresas no habrían cumplido con la entrega de los bienes o servicios contratados, pese a lo cual continuaron recibiendo adjudicaciones.
En conjunto, los hallazgos apuntan a posibles debilidades en los mecanismos de supervisión, control y evaluación de proveedores dentro de las contrataciones militares. Más allá de la diversidad de giros empresariales, el caso plantea cuestionamientos sobre la eficacia de los procesos de fiscalización y el uso de recursos públicos, en un contexto donde el cumplimiento contractual no parece ser un criterio determinante para la asignación de nuevos contratos.
