La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha encendido alertas entre especialistas y sectores críticos, al considerar que el máximo tribunal ha dejado de fungir como contrapeso institucional para alinearse con los intereses del oficialismo encabezado por Morena.
Con el aval al proyecto impulsado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, la Corte abrió la puerta para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda bloquear cuentas bancarias sin orden judicial previa, sin intervención del Ministerio Público y sin necesidad de solicitudes internacionales, bajo el argumento de que se trata de una medida administrativa y no de una sanción penal.
Sin embargo, juristas advierten que el fondo de la decisión implica algo más profundo: la eliminación de un control judicial inmediato sobre una acción que, en la práctica, puede dejar a cualquier ciudadano sin acceso a sus recursos. La medida, sostienen, coloca a la autoridad administrativa en una posición de poder excepcional, donde basta la presunción de irregularidad para restringir derechos patrimoniales sin defensa previa.
El cambio de criterio rompe con precedentes que limitaban este tipo de facultades a contextos de cooperación internacional, y redefine el alcance del Estado sobre el sistema financiero. Para críticos, esto configura un escenario en el que la seguridad jurídica queda subordinada a decisiones administrativas con escasa supervisión.
La votación dividida dentro del Pleno reflejó la gravedad del tema. La ministra Yasmín Esquivel Mossa advirtió que ampliar estas facultades sin reglas claras podría generar un entorno de incertidumbre, donde los ciudadanos queden expuestos a actos de autoridad difíciles de impugnar de manera inmediata.
En este contexto, analistas sostienen que la resolución consolida una tendencia preocupante: la concentración de poder en órganos alineados políticamente, debilitando los mecanismos de defensa frente al Estado. La consecuencia, señalan, es un ciudadano potencialmente indefenso ante decisiones que afectan directamente su patrimonio, sin la garantía de un control judicial oportuno.
