México enfrenta una de las peores crisis de desapariciones de su historia reciente, con un número de personas no localizadas que ya configura, según diversos organismos internacionales, un posible escenario de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, la respuesta del gobierno ha sido, más que contundente, evasiva.
El registro nacional acumula decenas de miles de casos, pero detrás de cada cifra hay algo más grave: carpetas de investigación incompletas, negligencia institucional y una estrategia que parece orientada a administrar el problema, no a resolverlo.
El señalamiento no es menor. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha advertido sobre la magnitud de la crisis y la falta de acciones efectivas del Estado mexicano para prevenir, investigar y sancionar estas desapariciones. La preocupación internacional contrasta con la narrativa oficial, que insiste en matizar o reinterpretar las cifras.
En el ámbito nacional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sido señalada por su pasividad frente a esta problemática, lo que ha generado cuestionamientos sobre su autonomía y capacidad para actuar como contrapeso real.
Bajo la administración de Claudia Sheinbaum, y con Rosa Icela Rodríguez como una de las principales responsables en materia de seguridad, las críticas se han intensificado. Familias de víctimas y colectivos de búsqueda denuncian abandono, falta de protocolos eficaces y una ausencia de voluntad política para enfrentar la crisis con seriedad.
El problema no es únicamente la magnitud de las desapariciones, sino la respuesta institucional: un aparato que parece más enfocado en contener el impacto político de las cifras que en garantizar justicia.
Mientras tanto, miles de familias continúan buscando a sus desaparecidos por cuenta propia, en un país donde la tragedia no solo persiste, sino que corre el riesgo de normalizarse.
