El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enfrenta uno de los momentos más críticos de su administración tras la acusación formal presentada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que lo vincula con un pacto “político-criminal” con el Cártel de Sinaloa durante las elecciones de 2021. Ante las imputaciones, el mandatario sinaloense recurrió a su respuesta más recurrente: invocar a Andrés Manuel López Obrador y a la Cuarta Transformación como escudo discursivo.
“Este ataque no es únicamente a mi persona, sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos y a las y los mexicanos que representamos esa causa”, afirmó Rocha Moya al rechazar “catégorica y absolutamente” los cargos formulados en su contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York.
El pacto que describe la acusación estadounidense
Según el documento presentado ante un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Rocha Moya habría sostenido reuniones con Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán, líderes de “Los Chapitos”, a principios de 2021 durante su campaña electoral. En dichos encuentros, custodiados por sicarios fuertemente armados, los hijos de “El Chapo” le habrían prometido asegurar su victoria a cambio de colocar funcionarios afines al cártel en puestos clave del gobierno estatal.
La acusación detalla que Enrique Díaz Vega, posteriormente nombrado secretario de Administración y Finanzas, habría entregado a los líderes criminales una lista con nombres y domicilios de los opositores políticos de Rocha Moya. Esa información fue utilizada supuestamente para intimidar candidatos rivales y obligarlos a retirarse de la contienda.
El día de las elecciones, en junio de 2021, la intervención del crimen organizado habría sido, según la demanda, “absoluta”: sicarios robaron urnas y papeletas del partido opositor, secuestraron e intimidaron candidatos, mientras altos mandos de la Policía Estatal habrían ordenado a sus agentes no intervenir en los recintos electorales. Estos hechos coinciden con lo documentado en 2021 por Animal Político y Noroeste, que registraron el secuestro de al menos nueve operadores electorales en distintos municipios de Sinaloa entre el 5 y el 6 de junio.
La nómina del cártel: corrupción institucionalizada
La acusación también expone un sistema de sobornos mensual y metódico. El “jefe de plaza” del cártel en Culiacán recibía regularmente una caja con efectivo y una lista de tarifas para cada funcionario público corrupto, identificados mediante seudónimos.
Entre los supuestos beneficiarios figuran el vicefiscal general del estado, Dámaso Castro Zaavedra (“Culiacán Regio”), con 200 mil pesos mensuales a cambio de filtrar información sobre operativos de la DEA; los sucesivos jefes de la Policía de Investigación, identificados como “R1”, con 300 mil pesos al mes; y mandos operativos como el exsubdirector de la Policía Estatal José Antonio Dionisio Hipólito (“Tornado”) y el comandante de la Policía Municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán (“Juanito”).
Sinaloa como epicentro del tráfico de fentanilo
Las autoridades estadounidenses señalan además que el gobierno sinaloense fue un “pilar fundamental” para que el Cártel de Sinaloa convirtiera al estado en el epicentro del tráfico mundial de narcóticos, recibiendo precursores químicos desde China para la producción masiva de fentanilo y metanfetamina, lo que según Washington “ha alimentado la letal epidemia de opioides en Estados Unidos”.
El exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, habría recibido más de 100 mil dólares mensuales para alertar al cártel de al menos 10 cateos a laboratorios clandestinos durante 2023, permitiéndoles evacuar personal, equipo y sustancias antes de la llegada de las autoridades.
La postura mexicana y la respuesta de Rocha Moya
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el 28 de abril recibió solicitudes de extradición por parte del gobierno de EU, mismas que fueron turnadas a la FGR. Sin embargo, la dependencia advirtió que los documentos “no cuentan con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición”, según una primera revisión jurídica.
Rocha Moya, fiel a su patrón discursivo, encuadró las acusaciones como parte de “una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional”. Una vez más, todos los caminos de su defensa llevaron a AMLO.
