La historia comienza el 17 de febrero de 2026, cuando quedó constituida ante notario la asociación civil «Humanidad con América Latina A.C.», con RFC HAL260217NZ8. Su representante legal: Carlos Pellicer López, artista y promotor cultural, sobrino del poeta Carlos Pellicer Cámara —figura que fue maestro y mentor político del expresidente Andrés Manuel López Obrador—. El correo electrónico de registro ante el SAT es el propio Gmail personal de Pellicer López.
Lo que vino después encendió alertas en México y, potencialmente, en Washington.
El aval exprés del SAT: cuatro días hábiles para lo que tarda meses
El 9 de marzo de 2026 —apenas cuatro días hábiles después de presentada la solicitud— el Servicio de Administración Tributaria (SAT), encabezado por Antonio Martínez Dagnino, autorizó a «Humanidad con América Latina» como donataria autorizada bajo el rubro «L» del artículo 79, fracción XXV de la Ley del ISR, correspondiente a organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro.
La autorización tiene vigencia de cuatro años, hasta el 9 de marzo de 2030, y al momento de su otorgamiento estaba pendiente de publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El dato que sacudió a especialistas y legisladores: la asociación es la única organización en el listado de donatarias autorizadas constituida en todo lo que va de 2026. Mientras el SAT tarda meses en procesar devoluciones de impuestos a contribuyentes ordinarios, esta A.C. obtuvo su estatus fiscal en tiempo récord.
El llamado de AMLO y la cuenta de Banorte
El 14 y 15 de marzo de 2026, el expresidente López Obrador irrumpió en redes sociales rompiendo su retiro político para hacer un llamado urgente a la ciudadanía: donar dinero al pueblo cubano a través de la cuenta 1358451779 de Banorte, con CLABE interbancaria 072180013584517792, a nombre de «Humanidad con América Latina A.C.»
«Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba», escribió el exmandatario. Pidió que «cada quien deposite lo que pueda» para comprar alimentos, medicinas, plantas eléctricas, petróleo y gasolina destinados a la isla.
La convocatoria, publicada un día antes en el diario La Jornada bajo el título «El destino de Cuba no nos es ajeno» y firmada por Laura Esquivel y Carlos Pellicer López, reunió la adhesión de más de 200 personas: escritores, activistas y periodistas, entre ellos Elena Poniatowska, Carmen Lira Saade, Enrique Dussel, Rafael Barajas «El Fisgón» y Fabrizio Mejía Madrid —en su mayoría colaboradores habituales de La Jornada—.
Funcionarios en activo también respondieron al llamado: Julia Álvarez Icaza, secretaria de Medio Ambiente de la CDMX, y Javier Hidalgo Ponce, director del Instituto del Deporte capitalino, publicaron comprobantes de sus transferencias.
Las alarmas legales: CACR, OFAC y el régimen de sanciones más restrictivo del mundo
Casi de inmediato, expertos legales advirtieron sobre las implicaciones internacionales del esquema. El abogado penalista Elliot Velher alertó en un extenso hilo en X:
«Cuba está designada como Estado Patrocinador del Terrorismo por Estados Unidos. Eso activa las CACR — Cuban Assets Control Regulations: el régimen de sanciones más restrictivo que existe.»
Velher subrayó que las CACR aplican a toda persona sujeta a jurisdicción estadounidense, independientemente del intermediario. «Enviar dinero a una cuenta en México ‘para ayudar a Cuba’ no te salva. La OFAC sanciona por el destino final de los fondos, no por el intermediario. Si el dinero llega al régimen cubano, la transferencia es ilícita.»
Banorte, por su parte, aseguró que la cuenta cumple con toda la normatividad bancaria mexicana y con las regulaciones internacionales. Consultó a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EU, y esta respondió que «no hay ninguna observación a la cuenta abierta por el banco.» El presidente de la CNBV, Ángel Cabrera Mendoza, respaldó la posición: «Abrir una cuenta con todos los controles que exige la regulación evidentemente nunca es una irregularidad.»
El problema legal de fondo: la ley fiscal impide donar directamente al exterior
Una exfuncionaria del SAT reveló el nudo jurídico de fondo. María Vanessa Rivadeneyra Navarro, exadministradora Central de Apoyo Jurídico de Servicios al Contribuyente, señaló ante la Gaceta Parlamentaria que «Humanidad con América Latina» no puede enviar fondos directamente a Cuba bajo la legislación fiscal vigente.
«La donataria autorizada tendría que ubicar a un organismo internacional intermediario del que México sea parte para llevar a cabo esa actividad. Una donataria mexicana no le puede dar dinero a ningún extranjero, de acuerdo a como está la ley fiscal actual.»
Esta precisión convierte al esquema en una operación de alto riesgo legal, tanto en México como frente a las autoridades financieras estadounidenses.
El Congreso reacciona: punto de acuerdo y exigencia de transparencia
El diputado panista Héctor Saúl Téllez Hernández promovió un Punto de Acuerdo ante el Congreso de la Unión para exhortar al SAT y a la SHCP a que, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, remitan un informe detallado y documentado sobre todos los trámites realizados por «Humanidad con América Latina» para su constitución y obtención del estatus de donataria autorizada, incluyendo fechas exactas, documentos presentados y criterios de evaluación aplicados.
La pregunta de fondo que plantea el legislador: ¿por qué una A.C. ligada al expresidente recibió en días lo que a otros contribuyentes les toma meses o años?
El eje de la controversia: ¿Puede FinCEN citar a Martínez Dagnino?
Aquí es donde la investigación adquiere una dimensión internacional de máxima gravedad. La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, es la contraparte natural del SAT mexicano en materia de inteligencia financiera e intercambio de información.
En el contexto de la relación bilateral México-EU —marcada actualmente por la presión de Washington sobre el tema del fentanilo, las sanciones a Cuba y las negociaciones del T-MEC— la posibilidad de que FinCEN requiera explicaciones al titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, sobre la velocidad con la que otorgó el registro fiscal a esta A.C., no es descartable.
Los elementos que podrían justificar tal citación son:
1. Velocidad inusual del registro: Cuatro días hábiles para una autorización que normalmente toma meses genera, por sí sola, señales de alerta (red flags) en los sistemas de cumplimiento normativo internacional.
2. Destino de los fondos: El dinero recaudado tiene como destino explícito Cuba, país con el régimen de sanciones más estricto del Departamento del Tesoro de EU, incluyendo las CACR. Cualquier flujo financiero que llegue al gobierno cubano —aunque sea indirectamente— puede activar sanciones secundarias.
3. Naturaleza política del esquema: La A.C. fue constituida semanas antes de que el propio ex presidente la promoviera públicamente, y su representante legal tiene vínculos documentados con el entorno político de López Obrador. El promotor es un expresidente que, en el contexto actual, tiene relaciones conocidamente tensas con la administración Trump.
4. Banorte como banco corresponsal: Al tener exposición con el sistema financiero de EU, Banorte está sujeto a las regulaciones del Bank Secrecy Act. Si FinCEN determina que el banco procesó transacciones con destino a Cuba sin la debida diligencia, podría imponer sanciones severas.
5. La asimetría institucional: La misma autoridad tributaria que tarda meses en devolver impuestos a ciudadanos ordinarios procesó esta autorización en tiempo récord, lo que apunta a una posible actuación discrecional o política, no técnica.
La posición oficial
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la iniciativa: «todo siempre es fiscalizado», dijo, asegurando que la cuenta deberá cumplir con todas las disposiciones fiscales vigentes. El embajador cubano en México, Eugenio Martínez Enríquez, agradeció públicamente el gesto.
Conclusión: una operación que no cierra
El caso «Humanidad con América Latina» presenta anomalías en múltiples capas:
- Un registro fiscal exprés sin precedente en 2026.
- Una estructura jurídica deficiente para cumplir su objetivo declarado (enviar fondos al exterior).
- Un destino final que activa el régimen de sanciones más restrictivo de Washington.
- Funcionarios públicos en activo realizando y promoviendo las donaciones.
- La sombra de una actuación discrecional del jefe del SAT.
Que FinCEN cite al titular del SAT para explicar la celeridad de sus acciones no es solo una posibilidad técnica. En el tablero actual de la relación México-Washington, se ha convertido en una palanca política que el Secretario Rubio y el Embajador ante México tienen a su disposición.
El silencio del SAT y la opacidad sobre los criterios utilizados para esta autorización son, por sí solos, un problema que el Congreso, la prensa y los reguladores financieros internacionales no deberían dejar pasar.
