El Senado de la República aprobó este 30 de septiembre reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que, entre otros cambios, establecen penas de prisión por utilizar elementos de identidad gráfica gubernamental bajo determinadas condiciones. La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados.
La modificación, identificada durante la discusión pública como “Ley Antimemes”, fue avalada en lo general con 72 votos a favor y 34 en contra. En lo particular obtuvo 68 votos a favor y 34 en contra. Morena, PT y la mayoría del PVEM respaldaron el proyecto, mientras legisladores de oposición cuestionaron sus posibles efectos sobre la libertad de expresión.
Uno de los puntos que concentró el debate fue el artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. El texto establece sanciones para quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, identidad gráfica institucional, dominios electrónicos u otros signos oficiales para inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito.
Tras la aprobación, la ONG Artículo-19 rechazó la reforma al considerar que la definición del nuevo delito carece de suficiente claridad y podría permitir interpretaciones amplias. La organización sostiene que esa redacción podría alcanzar contenidos periodísticos, críticos, satíricos o informativos que utilicen elementos de la identidad gubernamental. Días antes de la votación ya había pedido al Congreso frenar el proyecto por estos mismos señalamientos.
¿Qué castiga la llamada “Ley Antimemes”?
La versión aprobada establece una pena de uno a cinco años de prisión y una multa de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para la conducta prevista en el artículo 403 Bis. La propuesta inicial contemplaba penas de tres a siete años, pero fue modificada durante su paso por las comisiones del Senado.
Para configurar el delito, el texto establece elementos adicionales al simple uso de un logotipo gubernamental: debe existir utilización a escala comercial, intención de inducir al error o engaño sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma o sistema, además de la finalidad de cometer un ilícito.
La reforma no establece expresamente una prohibición general de memes, caricaturas o parodias. Sin embargo, durante la discusión legisladores opositores solicitaron incorporar excepciones explícitas para periodistas, caricaturistas y otras expresiones críticas, ante el argumento de que conceptos como “identidad gráfica” o “escala comercial” podrían generar interpretaciones amplias.
La ONG Artículo-19 comparte esa preocupación. La organización señaló que la falta de una delimitación que proteja expresamente los usos periodísticos, artísticos, satíricos, críticos e informativos podría generar incertidumbre para quienes emplean elementos gubernamentales dentro del debate público.
La organización también cuestionó que se recurra al derecho penal y a penas de prisión para atender este tipo de conductas. En su posicionamiento sostuvo que, aun cuando el propósito sea combatir fraudes, el Estado debe justificar por qué otras medidas resultan insuficientes y garantizar que la legislación no afecte expresiones protegidas constitucionalmente.
Morena rechaza que la reforma busque castigar memes
Durante la discusión en el Senado, legisladores de Morena rechazaron que las modificaciones tengan como objetivo perseguir la sátira o las críticas contra el gobierno.
El senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, sostuvo que el propósito del artículo 403 Bis es combatir el uso de elementos oficiales para hacer creer a una persona que está interactuando con una institución pública y cometer un fraude. También rechazó que la reforma sancione el uso de imágenes gubernamentales con fines de crítica o parodia política.
La presidenta Claudia Sheinbaum también rechazó un día antes de la votación que la iniciativa pretenda prohibir los memes. De acuerdo con su explicación, los cambios están dirigidos a fortalecer la protección de la propiedad intelectual, combatir la piratería y evitar la utilización comercial de símbolos oficiales para cometer ilícitos.
Desde la oposición, senadores del PAN argumentaron que la redacción no incorpora excepciones explícitas para parodias, sátira, caricaturas, memes, periodismo, investigación académica o expresiones de interés público. El grupo parlamentario presentó reservas para incorporar algunas de esas exclusiones.
Así, el desacuerdo se concentra en el alcance que podría tener la disposición: Morena y sus aliados sostienen que los requisitos incorporados al tipo penal impiden que una simple crítica o parodia sea castigada, mientras Artículo-19 y legisladores opositores consideran que todavía existe un margen de interpretación que podría afectar expresiones legítimas.
Artículo-19 pide a Diputados rechazar la reforma
Tras la aprobación del Senado, la minuta continuará su proceso legislativo en la Cámara de Diputados, que deberá analizar los cambios antes de que puedan convertirse en ley.
Artículo-19 pidió a los diputados atender las críticas formuladas alrededor del nuevo delito y rechazar la propuesta. Para la organización, las normas penales que pueden limitar la libertad de expresión deben cumplir requisitos estrictos de claridad y precisión.
La organización había advertido desde el 28 de septiembre que el uso del derecho penal en este ámbito puede producir un efecto inhibidor sobre otras personas, más allá de quienes eventualmente enfrenten una investigación o sanción.
En su posicionamiento, Artículo-19 reconoce que prevenir fraudes constituye una finalidad legítima, pero sostiene que ese objetivo no elimina la obligación del Congreso de establecer límites precisos que otorguen seguridad jurídica y protejan el ejercicio de la libertad de expresión.
La Cámara de Diputados tendrá ahora la posibilidad de aprobar la minuta en sus términos, modificarla o rechazarla durante la siguiente etapa del procedimiento legislativo.
