La liberación de “El Güero del Gym” después de que un grupo criminal retuviera a tres colaboradores de la Fiscalía de Morelos vuelve a encender una pregunta incómoda: ¿quién manda cuando el Estado entrega a un detenido para recuperar a sus funcionarios?
José David “N”, señalado por las autoridades como presunto generador de violencia y relacionado con el grupo Pueblos Unidos, fue detenido durante un operativo contra la extorsión en Totolapan. Después, tres trabajadores de la Fiscalía fueron retenidos y golpeados; sus captores exigieron que lo liberaran. Horas más tarde, las autoridades entregaron al detenido y los agentes quedaron libres. En los hechos, la presión criminal consiguió su objetivo.
La Fiscalía sostuvo que activó un protocolo para proteger la vida de sus colaboradores. Sin embargo, no explicó por qué entregó al detenido ni precisó si hubo una negociación directa con el grupo criminal. Tampoco informó si hay personas identificadas o detenidas por la retención y las agresiones. La falta de respuestas deja abierta una cuestión central: ¿qué garantías existen de que una detención no terminará anulada bajo amenazas?
El episodio recuerda al Culiacanazo de 2019, cuando el gobierno federal liberó a Ovidio Guzmán en medio de la violencia desatada por el Cártel de Sinaloa. Los contextos son distintos, pero la imagen vuelve a ser devastadora: una autoridad captura a un presunto criminal y, ante la reacción violenta, termina cediendo.
En Morelos, gobernado por Morena, la decisión alimenta las críticas contra una estrategia de seguridad que promete combatir la extorsión, pero acaba entregando a un detenido tras la presión de un grupo criminal. Para sus críticos, escenas como esta refuerzan la percepción de un gobierno rebasado y sometido al narco; una acusación política grave que exige explicaciones, transparencia y una investigación sobre quién ordenó la entrega.
Cuatro policías murieron en un accidente vial cuando se dirigían a reforzar la seguridad en la zona. La Fiscalía informó además que uno de sus colaboradores fue hospitalizado tras recibir una herida de arma de fuego. Esas muertes ocurrieron en el accidente y deben distinguirse de las agresiones y la retención vinculadas con el caso.
La pregunta no es sólo por qué liberaron a “El Güero del Gym”. También es si el gobierno de Morena puede garantizar que la ley se cumpla en Morelos o si los grupos criminales ya aprendieron que basta con secuestrar, bloquear y amenazar para imponer sus condiciones.
