La investidura de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se agota en la toma de protesta ni se sostiene por decreto político; se valida a diario a través de la templanza, la solvencia técnica y el respeto absoluto a las instituciones democráticas. Lo ocurrido con Lenia Batres tras ser cuestionada por la procedencia y el rigor de su formación académica no solo deja al descubierto la fragilidad de sus credenciales, sino que expone una preocupante intolerancia al contrapeso de la prensa.

Al llamar «carroñeros» a los periodistas que ejercieron su deber constitucional de auditar el perfil de un servidor público de su jerarquía, la ministra no rebatió dudas: cayó en la descalificación ad hominem. La libertad de expresión y la fiscalización mediática no son concesiones para cuando el poder se siente cómodo, sino exigencias innegociables en un Estado de derecho. Que una integrante del máximo tribunal del país recurra a la injuria callejera frente a la prensa independiente degrada el tono institucional del órgano encargado de velar por la Constitución.

La defensa esgrimida por la propia Batres resulta tan endeble como su exabrupto. Intentar validar el rigor de su doctorado en la Universidad Tepantlato argumentando que la institución ha formado a otros funcionarios, o excusar el no haber estudiado en centros de alta exigencia como la UNAM por «falta de tiempo», refleja una tibia concepción del mérito. La impartición de justicia constitucional no tolera atajos metodológicos ni complacencias horarias; exige excelencia demostrable.

México enfrenta momentos decisivos en la reconfiguración de su sistema judicial. Por ello, la ciudadanía no puede resignarse a un tribunal integrado por figuras que responden con agravios ante la crítica y que pretenden sustituir la solidez académica con retórica defensiva. La investidura exige decoro, y la ministra Batres, una vez más, ha preferido la confrontación.