Reforma judicial: para Bank of America, de muy alto riesgo; WOLA: debilitaría derechos humanos

Reforma judicial: para Bank of America, de muy alto riesgo; WOLA: debilitaría derechos humanos

Continúan las advertencias contra la iniciativa presidencial de reforma judicial: para el Bank of America significa de “muy alto riesgo” para el sector corporativo, mientras WOLA (Oficina de Washington para las Américas, por sus siglas en inglés) señala que debilitaría la protección de los derechos humanos.

Bank of America publicó un análisis titulado Los próximos 90 días podrían marcar la próxima década para México: mantenerse a la defensiva, en el que destaca la importancia de las iniciativas que se debatirán en las siguientes semanas.

Entre esas propuestas resalta la de la reforma al Poder Judicial de la Federación, la que considera como la más importante del llamado “Plan C”, debido a que considera que tendrá “enormes implicaciones” en el funcionamiento de la democracia en México.

Mencionó que con ella se pretende eliminar a más de 7 mil jueces y a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que significa un cambio radical en el sistema de justicia ya que se busca que los juzgadores sean elegidos por voto popular.

Debido a lo anterior, Bank of America considera esa reforma como “de muy alto riesgo” para el sector corporativo.    

Esa institución también refiere otras modificaciones del Plan C que pueden ser importantes, como el cambio de Petróleos Mexicano y de la Comisión Federal de Electricidad de empresas productivas a públicas, además de la eliminación de organismos autónomos, lo que considera también de alto riesgo y que pueden generar volatilidad en el corto plazo.

Además, advirtió que algunas de las reformas mencionadas pueden entrar en conflicto con lo establecido en el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Por otra parte, WOLA, organización especializada en derechos humanos, presentó un análisis de la iniciativa de reforma judicial presentada por López Obrador.

Sobre la elección popular de los juzgadores, esa organización señaló que, por el procedimiento que se seguiría para ella, “si un grupo político dominara los poderes Ejecutivo y Legislativo (como es el caso actual de Morena), dicho partido tendría un papel preponderante en la integración de los Comités y/o la aprobación de las nuevas candidaturas, lo que podría resultar en un poder judicial más alineado con el partido en el poder, perpetuando, a su vez, el riesgo de influencia política en futuras nominaciones. Por esta razón, el modelo propuesto podría facilitar la captura política del Poder Judicial”.

Acerca del propuesto Tribunal de Disciplina Judicial, que supervisaría y sancionaría a los juzgadores, WOLA también indicó que “el grupo político que captara a ese órgano contaría con una herramienta fuerte para ejercer presión sobre el resto del Poder Judicial”.

Al mencionar el asunto de la justicia en el marco de la creciente militarización procurada por el gobierno de López Obrador, WOLA considera que la reforma no sólo continuaría sino profundizaría la impunidad y los abusos contra la población. Advirtió sobre una idea perversa: “Si el mensaje del gobierno es que un ‘buen juez’ es aquel que no libera personas, lógicamente se incentiva la elección de aquellas personas candidatas percibidas como menos dispuestas a dictar liberaciones, lo cual podría debilitar aún más el control judicial sobre el actuar de las fiscalías y las fuerzas de seguridad. El resultado sería un sistema penal con incluso más margen para omisiones en las investigaciones penales y prácticas ilegales como detenciones arbitrarias, afectando desproporcionadamente a las personas más vulnerables”.

WOLA señaló que el problema real de la reforma judicial es que la elección popular de las autoridades judiciales sería filtrada por intereses políticos y en el marco del punitivismo penal, por lo que “se debilitaría la protección de los derechos humanos y la seguridad, dejando a las personas expuestas a la impunidad y el abuso”.

Así, la reforma judicial propuesta por López Obrador está lejos de avanzar en objetivos como la construcción de sistema de procuración de justicia con capacidad para esclarecer delitos y perseguir a los responsables basado en pruebas sólidas.

Comentarios

Aún no hay comentarios. ¿Por qué no comienzas el debate?

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *