Carlos Slim, el hombre más rico de América Latina, vuelve a ser noticia por sus polémicas declaraciones y su defensa a ultranza de un modelo económico que muchos critican como extractivo y excluyente. En una conferencia de prensa ofrecida este lunes, Slim no solo descalificó a los premios Nobel de Economía 2024, Daron Acemoglu y James Robinson, sino que también aprovechó para descargar su frustración contra el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y reiterar su oposición a un impuesto a las fortunas.
Acemoglu y Robinson, autores del libro “Por qué fracasan los países”, han señalado a Slim como el ejemplo más claro del “capitalismo de cuates”, un sistema en el que las élites empresariales aprovechan sus conexiones políticas para acumular riqueza y poder. Slim, molesto por ser señalado como el epítome de este modelo, respondió con desdén: “Si piensan que está mal que Telcel sea competitivo, entonces son unos estúpidos”. Sin embargo, evitó abordar cómo sus vínculos políticos le permitieron adquirir Telmex, el núcleo de su imperio de telecomunicaciones.
Es difícil no cuestionar la salud mental de Slim, quien, a sus 84 años, parece aferrarse a una visión del mundo que muchos consideran obsoleta y perjudicial. Su defensa de un sistema que ha perpetuado la desigualdad en México raya en lo absurdo, especialmente cuando insiste en que Telcel “nunca fue un monopolio” y que Telmex no tiene preponderancia en el mercado. Estas afirmaciones contrastan con la realidad de un país donde la concentración de riqueza en pocas manos es alarmante.
No obstante, en un giro inesperado, Slim coincidió con una idea que muchos apoyan: la necesidad de que las grandes tecnológicas, como Netflix y YouTube, contribuyan al mantenimiento de las redes de telecomunicaciones. Este debate, conocido como fair share, es legítimo y refleja un problema global. Slim tiene razón al señalar que las empresas de conectividad realizan grandes inversiones en infraestructura, mientras que las plataformas digitales se benefician sin aportar proporcionalmente.
Sin embargo, su postura sobre un impuesto a las fortunas es, una vez más, defensora del statu quo. Slim argumentó que gravar las herencias llevaría a la venta de empresas familiares a capitales extranjeros, debilitando la economía nacional. Aunque este punto tiene cierta validez, no puede usarse como excusa para evitar una discusión seria sobre la redistribución de la riqueza en un país con niveles escandalosos de desigualdad.
En resumen, Carlos Slim sigue siendo un símbolo de un sistema que privilegia a unos pocos a costa de muchos. Su resistencia a cualquier cambio que afecte sus intereses y su desprecio hacia quienes lo critican reflejan una mentalidad que, más que visionaria, parece anclada en el pasado. Aunque en el tema del fair share tiene un punto a favor, su oposición a políticas redistributivas y su negativa a reconocer los privilegios que lo han llevado a ser el hombre más rico de la región lo colocan, una vez más, en el centro de la polémica.
México necesita menos Slim y más instituciones incluyentes que fomenten la innovación y la equidad. Mientras tanto, el magnate seguirá siendo recordado como el rostro de un capitalismo que, lejos de generar prosperidad para todos, ha perpetuado la exclusión.
