La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ha recibido una solicitud formal por parte del influyente despacho legal Quinn Emanuel, con el objetivo de conocer los avances en la denuncia presentada contra la ministra de la Suprema Corte, Loretta Ortiz Ahlf, y su yerno, Abel Chávez Salinas. La queja fue interpuesta por las hermanas Garza, quienes acusan posible tráfico de influencias o actos de corrupción en un litigio relacionado con el banco Santander.
Periodistas y analistas ya han hecho referencia a esta denuncia, que se suma a recientes revelaciones sobre la supuesta relación entre Ortiz Ahlf y Rafael Zaga Tawil. Zaga enfrenta una orden de aprehensión por cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada, tras presuntamente obtener de forma ilícita 5 mil millones de pesos del Infonavit.
También ha llamado la atención el posible conflicto de interés del abogado Jordi Oropeza, cercano a Chávez Salinas, quien aparece vinculado a los casos investigados por la SEC en territorio estadounidense.
¿Qué se sabe sobre el caso Actinver y Loretta Ortiz?
Otro tema que ha generado inquietud es la posición que adoptó la ministra Ortiz en un litigio entre Rafael Zaga Tawil y el banco Actinver. Ortiz anunció su voto a favor de Zaga, quien acusa a Actinver de una supuesta mala actuación como fiduciario. Zaga reclama mil millones de pesos que fueron transferidos —a petición suya— desde un fideicomiso en el banco “Ve por Más” hacia sus cuentas en BBVA.
Fuentes cercanas al caso han calificado este reclamo como absurdo, señalando que fue el propio Zaga quien ordenó la transferencia de esos recursos, provenientes del presunto desfalco al Infonavit.
El director actual del Infonavit, Octavio Romero, ha reconocido la existencia de diversos actos de corrupción en el pasado, y ha calificado este caso de 5 mil millones como el más grave y cuantioso.
Resulta cuando menos desconcertante que una ministra identificada con la llamada Cuarta Transformación respalde judicialmente a un personaje vinculado a uno de los mayores fraudes contra el Infonavit.
¿Y Rafael Zaga Tawil?
Actualmente prófugo de la justicia en Estados Unidos, Zaga ha intentado seguir litigando desde el extranjero. Busca que Actinver le pague otros mil millones de pesos por “daños y perjuicios”, argumentando que el banco pidió suspenderle ciertos poderes, cuando en realidad fue un juez quien lo ordenó, tras las investigaciones en su contra por parte de la UIF.
Ante este panorama, Quinn Emanuel ha pedido a la SEC detalles de la investigación en curso. Incluso se analiza la posibilidad de presentar acciones legales contra figuras del Poder Judicial mexicano, particularmente contra la ministra Ortiz, por presunto tráfico de influencias en casos relacionados con Santander y Actinver.
Contexto político y judicial
Esta investigación ocurre en pleno proceso de selección de nuevos ministros de la Suprema Corte, que inició el 30 de marzo, y en medio de acusaciones de que Jordi Oropeza —por conducto de Abel Chávez— estaría buscando financiamiento para la campaña de Loretta Ortiz.
Por ahora, agencias estadounidenses y firmas legales en ese país ya indagan esta posible red de colusión. Casos como este son citados frecuentemente como argumento a favor de una reforma profunda al Poder Judicial, una iniciativa que la presidenta Claudia Sheinbaum ha respaldado enérgicamente, señalando la corrupción judicial como un problema estructural e inaceptable en México.
