Lenia Batres Guadarrama, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y actual candidata a reelegirse en el cargo, ha utilizado recursos públicos para impulsar su campaña personal rumbo a la elección judicial del próximo 1 de junio.
Una revisión de los registros de transparencia de la Corte evidencia que Batres realizó al menos 15 giras nacionales entre octubre de 2024 y febrero de 2025, las cuales justificó bajo el pretexto de “eventos académicos”. Sin embargo, en cada uno de ellos aprovechó el espacio para promover abiertamente la polémica reforma judicial y su propuesta de elegir jueces, magistrados y ministros por voto popular, alineándose con la narrativa oficialista.
En total, la SCJN desembolsó 210 mil pesos para estas actividades. De esa cifra, 112 mil pesos fueron destinados exclusivamente a viáticos de la ministra, mientras que otros 98 mil pesos cubrieron vuelos de su asesor Eduardo Murillo Torres, quien la acompañó en varios de estos desplazamientos.
Este uso discrecional de fondos públicos plantea serias dudas sobre la ética con la que Batres conduce su aspiración a permanecer en el máximo tribunal del país. ¿Hasta qué punto una ministra puede hacer campaña disfrazada de trabajo institucional sin comprometer la independencia del Poder Judicial?
