Ciudad de México, 4 de marzo.– La reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum podría terminar archivada antes de siquiera avanzar en el Congreso. Y la razón no proviene de la oposición, sino del propio bloque oficialista: los aliados de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM), han dejado claro que no están dispuestos a respaldarla en sus términos actuales.
De acuerdo con los posicionamientos internos y las críticas que han circulado dentro de la coalición gobernante, la iniciativa enfrenta un rechazo creciente entre los propios partidos que han acompañado a Morena desde 2018, lo que abre la posibilidad de que el proyecto termine descartado o profundamente modificado.
El principal conflicto radica en varios cambios estructurales que propone la reforma.
Eliminación de plurinominales y reducción del Senado
Uno de los puntos más polémicos es la eliminación de las listas plurinominales en la Cámara de Diputados, así como la desaparición de los senadores electos por representación proporcional.
La iniciativa plantea que las actuales 200 diputaciones plurinominales se redistribuyan bajo un nuevo esquema, donde parte de los lugares serían ocupados por candidatos que perdieron en su distrito pero obtuvieron alta votación.
Además, propone reducir el Senado de 128 a 96 integrantes, eliminando a los legisladores de representación proporcional.
Este rediseño del Congreso genera incomodidad entre los aliados de Morena, ya que los sistemas de representación proporcional han sido históricamente una vía para que partidos más pequeños mantengan presencia legislativa.
Recorte de recursos a partidos y autoridades electorales
Otro punto que ha provocado resistencia es la reducción del financiamiento público a los partidos políticos.
La reforma propone modificar la fórmula constitucional para el cálculo de recursos, lo que implicaría una disminución significativa del dinero que reciben los partidos cada año.
También plantea un recorte del 25% en el gasto del INE, los organismos electorales locales (OPLEs) y los propios partidos, además de establecer que los funcionarios electorales no podrán ganar más que la Presidenta de la República.
Dentro de la coalición oficialista, varios dirigentes han advertido que estos ajustes podrían debilitar la operación política de los propios partidos aliados, lo que ha alimentado el rechazo.
Fiscalización más estricta y control financiero
La iniciativa también endurece los mecanismos de fiscalización electoral.
Propone que todas las operaciones financieras de partidos, precandidatos y candidatos —incluyendo activos, créditos, seguros y transacciones— sean reportadas diariamente al INE por instituciones financieras, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Además, establece que todas las aportaciones privadas deberán provenir únicamente de personas físicas mexicanas y no podrán hacerse en efectivo, mientras que se prohíbe cualquier financiamiento proveniente del extranjero.
Aunque el objetivo declarado es combatir el dinero ilícito en campañas, dentro del bloque político se ha advertido que el nivel de control podría generar tensiones operativas para los partidos.
Cambios en propaganda y uso de inteligencia artificial
La reforma también propone reducir los tiempos oficiales en radio y televisión durante campañas, pasando de los actuales 48 minutos diarios a 35 minutos administrados por el INE.
Además, introduce reglas para el uso de inteligencia artificial en propaganda electoral, obligando a que cualquier contenido modificado con IA lleve una etiqueta visible que advierta al público.
Adelanto de cómputos electorales
Otro cambio relevante sería adelantar el inicio de los cómputos distritales para el mismo día de la elección, en lugar de esperar al miércoles siguiente como ocurre actualmente.
El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) se mantendría sin cambios, aunque la reforma obligaría a que el Congreso y los organismos electorales adapten su legislación antes del 15 de mayo de 2026.
Democracia directa y consultas populares
La iniciativa también busca ampliar los mecanismos de participación ciudadana, permitiendo que con el respaldo del 2% de la lista nominal se puedan solicitar consultas populares en municipios y estados.
Para que los resultados sean vinculantes, la participación deberá alcanzar al menos el 40% del padrón correspondiente.
La fractura dentro del bloque oficialista
Sin embargo, más allá del contenido técnico de la reforma, el principal problema para la iniciativa está en el terreno político.
Las objeciones del PT y del Partido Verde, aliados históricos de Morena, ponen en riesgo la viabilidad del proyecto en el Congreso, ya que sin su respaldo la mayoría legislativa se vuelve mucho más complicada.
En ese contexto, la reforma electoral de Sheinbaum enfrenta su primer gran obstáculo: la resistencia dentro de su propio bloque político, lo que abre la puerta a que el proyecto termine siendo modificado radicalmente o simplemente enviado al archivo legislativo.
