Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) acaba de destapar cómo el gobierno de Tabasco desvió casi 12 millones de pesos a empresas «factureras» en 2024. El hilo conductor de estos contratos lleva directo a Hernán Bermúdez Requena, el exsecretario de Seguridad Pública que hoy está tras las rejas.
La firma que autorizó todo fue la de Daniel Arturo Casasús, actual titular de la SOTOP. Pero el nombre de Casasús pesa por algo más que su cargo: es amigo de la infancia de Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, lo que lo sitúa en el corazón del círculo de confianza del movimiento.
Los beneficiados: Empleados y parientes
El esquema no fue precisamente sutil. Entre las empresas ganadoras están Construagregados Hopelchen y Comercio y Construcción de Tabasco, ambas operadas por gente de confianza de la familia Bermúdez Requena. De hecho, una de ellas despacha en una oficina que es propiedad de la misma familia.
Lo más grave es que, cuando se firmaron los contratos en diciembre de 2024, el SAT ya las tenía boletinadas como empresas fantasma. Aun así, el dinero fluyó sin trabas.
Todo queda en familia
Las sospechas de favoritismo escalan al revisar la nómina de la secretaría. Pablo Jiménez Pons, yerno de Bermúdez Requena, fue subordinado directo de Casasús como director de Planeación hasta agosto de 2025.
Los 11.9 millones de pesos —provenientes del Ramo 33 federal— supuestamente se usaron para levantar aulas en primarias de Centro y Comalcalco. Sin embargo, el rastro del dinero se pierde en una red de simulación.
El nexo con «El Clan»
Casasús no es un improvisado. Fue el brazo derecho de Javier May en Bienestar antes de saltar a la SOTOP. Su nombre también aparece en el radar de «El Clan», la red de tráfico de influencias liderada por Amílcar Olán que ha acaparado contratos millonarios en obras federales.
La guarida de la «Barredora Guinda»
El descaro llega hasta el domicilio fiscal. Las tres empresas involucradas declaran la misma dirección: Calle Tres 214, en la colonia Reforma de Villahermosa. En ese mismo edificio operan otras siete compañías vinculadas a la red de facturación apodada como «La Barredora Guinda».
MCCI buscó la versión de Casasús a través de canales oficiales, pero, como suele suceder en estos casos, el funcionario optó por el silencio.
