Mientras el país escucha promesas de sobriedad y «gestión responsable», la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) parece vivir en una realidad paralela. Bajo el pretexto de la seguridad, los nueve integrantes de la llamada «Nueva Corte» acaban de recibir un «regalo de Reyes» atrasado: una flotilla de camionetas Jeep Grand Cherokee de última generación, con un costo que alcanza los 3 millones de pesos por unidad.
En medio de la "austeridad" que pregonan en la nueva @SCJN hoy les llegó un regalo atrasado de Reyes a los 9 ministros: cada uno recibió una camioneta Gran Cherokee último modelo marca Jeep cuyo precio va de 1 millón 69 mil pesos a los 1.7 millones. Cada uno eligió el color entre… pic.twitter.com/A4KtatNAP9
— Salvador García Soto (@SGarciaSoto) January 22, 2026
La factura del privilegio
El gasto total se estima en 27 millones de pesos. Para los ministros, este desembolso no es un exceso, sino una «necesidad operativa». Aquí los detalles del «ajuste» presupuestal:
- El Juguete: Jeep Grand Cherokee (alta gama).
- El Costo: Entre 1.7 y 3 millones de pesos (con blindaje).
- El Beneficiario: 9 ministros que, al parecer, no pueden impartir justicia sin el aroma a cuero nuevo y cristales reforzados.
El arte de justificar lo injustificable
La respuesta oficial de la Corte es un ejercicio de gimnasia mental. Según su comunicado, esta compra no es un gasto adicional, sino una «gestión racional de los recursos». Argumentan que las unidades anteriores —que apenas tienen unos años— ya no cumplen con los «estándares de seguridad».
La ironía: El tribunal sostiene que la adquisición se hizo bajo una normativa de 2019 que obliga a renovar vehículos cada cuatro años. Es decir, su concepto de «austeridad» consiste en obedecer reglas de comodidad que ellos mismos se dictaron.
¿Austeridad republicana o maquillaje institucional?
Resulta insultante que, en un contexto donde el Poder Judicial está bajo la lupa por sus excesos, la solución sea estrenar camionetas de lujo. Dicen que «desincorporaron» vehículos viejos para no generar gastos extra, pero la pregunta queda en el aire: ¿Es realmente necesario un vehículo de 3 millones de pesos para servir al pueblo?
Este episodio no es solo una compra de autos; es la confirmación de que, aunque cambien las caras en la cúpula, los privilegios de cristal siguen siendo la prioridad. Mientras el discurso habla de justicia social, la realidad se desplaza en camionetas blindadas pagadas con el erario.
