El Día Internacional de las Mujeres dejó una imagen difícil de ignorar en México: una conmemoración oficial rodeada de mandos militares. La presidenta Claudia Sheinbaum eligió celebrar el 8 de marzo en un evento fuertemente custodiado por el Ejército y la Marina, lejos de las manifestaciones de mujeres, niñas y adolescentes que cada año toman las calles para exigir justicia, dignidad y una vida libre de violencia.
La escena no fue menor ni simbólicamente inocente. El 8M nació precisamente como una jornada de protesta contra las estructuras de poder que históricamente han invisibilizado o violentado a las mujeres. Sin embargo, el mensaje político del gobierno terminó siendo otro: un acto institucional donde la narrativa oficial convivió con la presencia dominante de las fuerzas armadas.
Este contraste resulta aún más significativo en un país donde la militarización de la seguridad pública se ha profundizado en los últimos años. Numerosos organismos internacionales han advertido que los contextos militarizados suelen aumentar los riesgos de violaciones a derechos humanos, particularmente contra mujeres y niñas.
En ese escenario, la presencia de la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, no pasó desapercibida. La funcionaria ha defendido públicamente que en México no existe militarización, incluso frente a cuestionamientos directos del comité de expertas de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Negar ese fenómeno mientras el gobierno expande el papel de las fuerzas armadas en tareas civiles no solo resulta contradictorio: también revela una preocupante distancia entre el discurso oficial y la realidad.
La política de seguridad heredada desde el sexenio anterior consolidó la presencia castrense en funciones que originalmente correspondían a autoridades civiles. La creación de la Guardia Nacional, su posterior integración al control militar y el acuerdo presidencial de 2020 que permitió desplegar a la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública son parte de ese proceso.
Diversos informes han advertido de los riesgos. El documento “Poder Militar. La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense”, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, registró miles de expedientes de investigación contra elementos de la Guardia Nacional por posibles irregularidades. Sin embargo, las sanciones efectivas han sido escasas o inexistentes.
El problema no es teórico. México arrastra antecedentes dolorosos de violencia contra mujeres vinculada a elementos militares, casos como los de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, que terminaron con sentencias condenatorias contra el Estado mexicano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por eso la escena del 8M genera incomodidad: mientras las mujeres marchaban en las calles denunciando violencia e impunidad, el gobierno federal optó por un acto institucional que celebró el papel de las fuerzas armadas y dedicó el mes de marzo a reconocer a mujeres en distintos ámbitos, incluyendo a las integrantes del Ejército.
La paradoja es evidente. Un día que nació como protesta terminó convertido en ceremonia oficial, y una agenda feminista que debería cuestionar las estructuras de poder apareció acompañada precisamente por una de las instituciones más cuestionadas cuando se habla de derechos humanos.
En ese contraste se encuentra el verdadero debate: no solo sobre la militarización del país, sino sobre el papel que juegan hoy quienes, desde el poder, dicen representar la agenda de las mujeres.
