En la diplomacia del agua, ni la geografía puede frenar una gota con impacto político: después de semanas de tensiones, aranceles y amenazas, Estados Unidos y México alcanzaron un acuerdo para desactivar una disputa por el agua del Río Bravo, un recurso vital que fluye tanto por la frontera como por las preocupaciones climáticas y económicas de ambos países.
Un tratado de 1944 que volvió al centro de la relación bilateral
El Tratado de Aguas de 1944 regula la distribución de agua entre México y Estados Unidos para los ríos Colorado, Bravo y Tijuana , bajo la supervisión de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (IBWC). Este acuerdo estipula que EE.UU. debe enviar agua desde el río Colorado, mientras México debe entregar agua del río Bravo (conocido como Río Grande en Estados Unidos) durante ciclos quinquenales.
Durante décadas, el tratado funcionó como un instrumento técnico y diplomático de cooperación. Sin embargo, las sequías severas de los últimos años y el aumento de las demandas agrícolas han puesto al límite los compromisos establecidos en el tratado, obligando a revisiones periódicas y discusiones técnicas entre los dos gobiernos.
Tensiones escaladas por incumplimientos y clima árido
En diciembre de 2025, el presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó con imponer un arancel del 5% a productos mexicanos si México no entregaba una cuota adicional de agua que, según Washington, adeudaba bajo el tratado. La disputa surgió porque México no había completado las entregas requeridas durante el último ciclo de cinco años, situación que, según autoridades estadounidenses, afectaba la irrigación de cultivos y el ganado en Texas.
Este tipo de amenazas no solo tensaron la relación bilateral, sino que también activaron preocupaciones dentro del sector agrícola estadounidense. Organizaciones de agricultores alertaron sobre pérdidas económicas significativas por la falta de agua para riego, lo que a su vez aumentó la urgencia política detrás de las negociaciones.
Mientras tanto, México argumentó que la sequía histórica en el norte del país limitó su capacidad de entrega, que la evaluación de cumplimiento debe verse en un contexto más amplio que no se restringe a fechas y cantidades puntuales, y que respetar el derecho humano al agua y las necesidades locales era prioritario.
El acuerdo alcanzado y sus detalles clave
Tras días de intensas negociaciones, ambos gobiernos anunciaron un acuerdo para liberar 249.163 millones de metros cúbicos de agua hacia Estados Unidos, con entregas programadas para iniciar la semana del 15 de diciembre de 2025, como parte de la implementación del Tratado de Aguas de 1944 y para desactivar la amenaza de sanciones comerciales.
Aunque esta cifra es menor al total que Washington había exigido inicialmente, representa un entendimiento técnico y político entre ambos países para evitar un mayor deterioro de las relaciones comerciales y diplomáticas. El acuerdo también contempla continuar negociaciones para atender el déficit de agua del ciclo anterior, con la intención de concluir un plan definitivo antes del 31 de enero de 2026.
Reconocimiento mutuo de desafíos e intereses
En el comunicado conjunto, México y Estados Unidos subrayaron la importancia crítica de cumplir con las obligaciones del Tratado y reconocieron que la gestión del agua compartida requiere coordinación técnica, respeto a la soberanía y atención a las necesidades de la población y la agricultura en ambas naciones.
Por su parte, el gobierno mexicano insistió en que no ha incurrido en violación alguna del tratado, pero que las condiciones extraordinarias de sequía han influido en la disponibilidad hídrica. El objetivo declarado es cumplir con el tratado dentro de los márgenes posibles sin poner en riesgo el consumo humano o la producción agrícola nacional.
Impacto en la agricultura y relaciones comerciales
El acuerdo tiene implicaciones directas para agricultores del sur de Texas que han enfrentado escasez de agua y pérdidas económicas por la falta de irrigación. La liberación pactada busca atender estas necesidades inmediatas y estabilizar un sector que es clave para las economías locales.
Desde la perspectiva comercial, desactivar la amenaza de aranceles significa evitar una escalada que hubiera afectado a sectores exportadores mexicanos, reforzando la importancia de resolver temas técnicos antes de que deriven en sanciones económicas más amplias.
