Durante años, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, pasó de ser un operador temerario a convertirse en el jefe absoluto de una de las organizaciones criminales más agresivas del continente. Su ascenso no fue inmediato ni lineal: enfrentó a grupos con mayor arraigo —La Familia, Los Templarios, Santa Rosa—, pactó cuando le convino y rompió alianzas cuando el control territorial estuvo en juego. Al final, consolidó dominio en la zona centro-occidente del país y expandió su influencia hacia múltiples rutas estratégicas.
Su historia criminal incluye episodios que marcaron un antes y un después en la violencia del país. La captura de 2012 por fuerzas federales terminó en una liberación envuelta en versiones extraoficiales sobre amenazas de reacción armada. Tres años después, el 1 de mayo de 2015, el ataque contra un helicóptero de la Policía Federal en Jalisco —con saldo de 19 elementos muertos— fue interpretado como una abierta declaración de guerra del crimen organizado contra el Estado.
A partir de ese momento, el Cártel Jalisco Nueva Generación dejó de ser visto como una organización emergente para convertirse en una maquinaria criminal de alcance nacional.
Con el cambio de gobierno federal en 2018, distintos analistas y reportes comenzaron a señalar que la organización no solo sobrevivía, sino que crecía en capacidad operativa y despliegue. Videos difundidos por el propio grupo mostraban convoyes blindados, equipo táctico y armamento de grado militar, lo que abrió preguntas persistentes sobre sus fuentes de suministro y su capacidad logística.
Paralelamente, el grupo amplió su portafolio criminal: extorsión, control territorial agrícola, tráfico de personas y otras economías ilícitas de alto rendimiento. En estados como Jalisco, su presencia se volvió estructural, mientras su expansión hacia el norte encendía alertas de seguridad nacional.
En los últimos años, la figura pública de Oseguera se volvió prácticamente invisible. Sin embargo, su nombre reapareció ligado a investigaciones sobre redes de robo y comercialización ilegal de combustible, uno de los negocios criminales más lucrativos de la última década. Ese vínculo volvió a colocar al CJNG en el centro de la discusión sobre la relación entre crimen organizado, corrupción institucional y omisiones operativas.
Un elemento que ha alimentado el debate es la afirmación, citada en diversos espacios, de que agencias estadounidenses habrían compartido en varias ocasiones información de geolocalización del líder criminal sin que se concretara su captura. Este punto ha sido utilizado por críticos para cuestionar la efectividad —o la voluntad— de las estrategias de seguridad mexicanas.
Hoy, más allá de narrativas políticas o interpretaciones partidistas, el caso del Mencho simboliza algo más profundo: la dificultad histórica del Estado mexicano para desmantelar organizaciones criminales con estructura empresarial, control territorial y redes financieras transnacionales.
El verdadero punto de inflexión no está únicamente en la figura del capo, sino en lo que su permanencia representa: la disputa por quién ejerce realmente el poder en regiones enteras del país.
