El gobierno de los Estados Unidos ha revocado las visas de al menos 50 políticos y funcionarios del gobierno en México en medio de la campaña del gobierno de Trump contra los cárteles de la droga y sus presuntos aliados políticos, según dijeron a Reuters dos funcionarios mexicanos.
Aunque algunos casos ya se habían hecho públicos, investigaciones de Reuters revelan que las cancelaciones de visas son mucho más extensas de lo que se había reportado hasta ahora.
Tres exembajadores de EE. UU. comentaron que administraciones pasadas también tomaron medidas similares, pero nunca con tal escala, algo que interpretan como una señal de que Trump está dispuesto a usar esta herramienta diplomática para imponer sus objetivos de política exterior.
“Esta administración estadounidense está encontrando nuevas formas de ejercer mayor presión sobre México”, dijo Tony Wayne, quien fue embajador en México de 2011 a 2015.
La medida ha causado un efecto silencioso, pero profundo, entre la élite política mexicana, que suele viajar con frecuencia a EE. UU., y necesita visa para hacerlo. También representa un cambio sustancial en la estrategia antidrogas estadounidense, al apuntar ahora contra políticos activos considerados diplomáticamente incómodos.
Uno de los informantes, un alto dirigente mexicano, afirmó que más de 50 políticos del partido en el poder, Morena, han tenido sus visas revocadas, así como decenas de funcionarios de otros partidos. Los informantes pidieron anonimato dado lo sensible del asunto.
Reuters no logró confirmar los nombres de todos los funcionarios afectados. Hasta el momento, sólo cuatro han reconocido públicamente la pérdida de su visa, entre ellos la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien ha negado de manera categórica cualquier vínculo con el crimen organizado.
El gobierno de EE. UU. no está obligado a justificar por qué revoca una visa, y el umbral legal para hacerlo es mucho más bajo que el requerido para imponer sanciones o iniciar procesos penales.
Un funcionario de alto rango del Departamento de Estado respondió al pedido de declaraciones de Reuters diciendo: “Las visas, incluso las de funcionarios extranjeros, pueden revocarse en cualquier momento” si se realizan “actividades contrarias al interés nacional de Estados Unidos”. Añadió que esas acciones podrían involucrar narcotráfico, exceso en estancia migratoria, corrupción, espionaje o facilidades a la inmigración ilegal.
“El gobierno de Trump ha mantenido buena relación con el gobierno de Sheinbaum, y esperamos continuar promoviendo nuestra relación bilateral bajo la agenda de América Primero”, dijo el funcionario estadounidense.
La presidenta Claudia Sheinbaum, al responder una pregunta en su conferencia de prensa, dijo que no tenía información sobre el tema y que EE. UU. por lo general no notifica al gobierno mexicano cuando revoca visas, pues se trata de “información personal” de los individuos involucrados.
“EL QUITAVISAS” ATACA
La administración Trump ha llevado a cabo revocaciones de visas también en otros países de América Latina contra quienes considera adversarios políticos o ideológicos.
Christopher Landau, exembajador de EE. UU. en México y exfuncionario del Departamento de Estado, no ha ocultado su afición por negar el acceso al país, y se autodenomina en redes como “El Quitavisas”.
El Departamento de Estado anunció el mes pasado que revocaría la visa del presidente colombiano Gustavo Petro, tras su participación en una manifestación pro-Palestina en Nueva York, donde hizo un llamado a que los soldados estadounidenses desobedezcan órdenes de Trump. Petro respondió: “No me importa”.
En Brasil, más de 20 altos jueces y funcionarios han perdido sus visas, mientras que en Costa Rica, al menos 14 políticos y líderes empresariales —incluido el expresidente y Premio Nobel de la Paz Óscar Arias— han visto cancelados sus documentos, sin recibir explicación alguna.
En México, estas revocaciones en masa —que afectan sobre todo a miembros de Morena— amenazan con complicar aún más las ya tensas relaciones con Estados Unidos.
En medio de negociaciones comerciales cruciales y diálogos sobre seguridad, Sheinbaum ha optado por colaborar estrechamente con Washington en la lucha contra los cárteles. Sin embargo, ha condenado las sugerencias de algunos funcionarios estadunidenses de emprender acciones militares unilaterales en México, afirmando que quebrantarían la soberanía nacional.
Un tercer informante con conocimiento del proceso de visas afirmó que las revocaciones forman parte de la estrategia de seguridad de Trump, y señaló que la designación de algunos cárteles como organizaciones terroristas hace que la información de la DEA (Administración para el Control de Drogas estadounidense) tenga cada vez más peso sobre el estatus de visa de ciertas personas.
ProPublica fue la primera en informar que autoridades estadounidenses planeaban revocar decenas de visas de figuras políticas mexicanas por presuntos vínculos con el narcotráfico. Reuters informó en junio que la administración Trump estaba presionando a México para que investigara y procesara a políticos con supuestos nexos con el crimen organizado.
SIN OBLIGACIÓN DE EXPLICAR
EE. UU. ha rechazado dar explicaciones a los afectados sobre las razones de la revocación, según cuatro fuentes mexicanas, lo que ha provocado confusión entre funcionarios que temen estar en la mira, así como inquietud de que podrían ser objeto de investigaciones criminales. Casi todos los afectados evitan hablar públicamente del asunto, pues lo consideran un golpe a su reputación.
Roberta Jacobson, quien fue embajadora en México de 2016 a 2018, comentó que cuando ella estuvo en el gobierno, las cancelaciones de visa de políticos solían ocurrir solo tras una condena judicial o en casos penales en curso. Indicó que que te retiren la visa puede ser un indicio de que EE. UU. te está investigando, pero no necesariamente una confirmación.
“La probabilidad es que no sepas si EE. UU. te está investigando por años”, agregó.
El Departamento de Estado no publica cifras sobre cuántas veces revoca visas de funcionarios extranjeros, pero John Feeley, embajador en Panamá entre 2015 y 2018, dijo que no recuerda que ningún político panameño haya tenido su visa cancelada durante su gestión.
Advertió que estas revocaciones masivas podrían generar un efecto contraproducente y tensar la cooperación en seguridad entre EE. UU. y México: “Puede provocar una reacción adversa, donde la presidenta Sheinbaum vea que colaborar con EE. UU. tiene demasiado costo político”.
