El Comité de Evaluación del Poder Legislativo, en su afán de cumplir con los plazos establecidos, ha dejado claro que no hay más que caos y mediocridad en su proceder. Al incumplir con la fecha límite impuesta por el propio Senado para la publicación de las listas de aspirantes a la elección judicial, el comité se escuda en excusas tan vacías como sus propios esfuerzos: el exceso de información, los datos erróneos enviados por los solicitantes y, por supuesto, el tiempo que nunca parece ser suficiente.
A las 12:24 de la noche, en una suerte de desesperación, el Senado publicó un enlace en su cuenta de X, pero en una extraña muestra de ineptitud, borró el posteo poco después. La publicación llegó con un retraso de 24 minutos respecto al plazo impuesto por la propia institución, como si el tiempo fuera algo negociable.
La mañana siguiente, a las 6:37, ya desbordados por las críticas que surgieron de la falta de información, el comité no tuvo más remedio que compartir un comunicado de prensa. En él, lamentaban las «enormes dificultades» que les había presentado la tarea, como si no hubieran sido ellos mismos quienes decidieron hacerlo todo a la carrera, abrumados por un volumen de aspirantes que, de manera paradójica, parecía más un reflejo de la mala organización que de un verdadero interés popular.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, había presumido en su momento la masiva participación al habilitar tres direcciones de correo para que los aspirantes se registraran. Sin embargo, lo que en principio fue presentado como un logro, se convirtió en un boomerang que terminó complicando aún más las cosas. Aquellos miles de registros, lejos de ser una señal de entusiasmo democrático, terminaron siendo un lastre de información innecesaria, registros repetidos que solo incrementaron el caos administrativo.
En su comunicado, el comité se escuda, además, en la complejidad de la tarea. Se dice que tuvieron que revisar los correos electrónicos, los cuestionarios con 60 preguntas y los documentos requeridos para comprobar el cumplimiento de los requisitos legales. ¿Y cómo lo hicieron? No sin una dosis de asombrosa improvisación, como cuando mencionan que, cuando los aspirantes no enviaron su promedio escolar, el comité se encargó de «hacerlo manualmente». Si algo deja claro esta declaración, es que no había una metodología preestablecida ni un sistema automatizado para evitar semejante dislate.
A medida que la revisión avanzaba, el comité se vio abrumado por el trabajo «innecesario» generado por los registros duplicados. El propio comunicado señala que «cada expediente implicó entre media hora y una hora para ser revisado», como si esa fuera una justificación suficiente para no cumplir con los plazos. En el colmo del cinismo, lamentan que la revisión no se haya completado en tiempo y forma, retrasando la lista final hasta el último minuto y, en el proceso, dejando aspirantes fuera sin explicación alguna.
El listado de 7,060 nombres, publicado y luego borrado, reflejó la incapacidad del comité para manejar un proceso que ya había sido anunciado como problemático desde el principio. En redes sociales, las quejas de aspirantes desaparecidos de la lista fueron una constante. Mientras tanto, los Comités del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, que operan en un sistema de mucho mayor rigor y estructura, publicaron sus listados sin los mismos tropiezos.
El periodista Juan Ortiz apuntaba con certera ironía que el Congreso ya había sido advertido del «reto casi imposible» de implementar la reforma judicial en tiempos tan ajustados, pero ignoraron la advertencia. Hoy, frente a la debacle administrativa que ellos mismos crearon, el Congreso enfrenta los mismos plazos irreales que impuso, una paradoja fatal que muestra la falta de previsión y la condena a un proceso fallido desde su inicio.
La prensa documenta que el Comité Legislativo no cumplió con la ley, publicando los resultados entre periodistas y no en un sitio oficial como era su obligación. La irresponsabilidad alcanzó niveles extremos. En contraste, el Poder Ejecutivo, en un ejercicio de eficacia que parece un lujo en este contexto, publicó la lista completa en el Diario Oficial de la Federación a tiempo, cumpliendo con lo prometido, mientras que el Poder Judicial, también con el rigor de la ley, eliminó al 73% de los aspirantes, dejando en claro que la competencia para los cargos judiciales es tan rigurosa como implacable.
Así, el proceso que debía ser un ejemplo de transparencia y eficiencia se ha convertido en un reflejo sombrío de la ineficacia, de una estructura que se consume a sí misma, atrapada en sus propios plazos irreales y su incapacidad para manejar la información que generó. Lo inevitable, una vez más, se ha consumado.
