El escándalo de la corrupción no distingue sexenios. Recientemente, una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) ha puesto en la mira a Vector Casa de Bolsa, vinculándola a una sofisticada red de «huachicol fiscal» (fraude y contrabando de combustible).
Según el expediente, Vector Casa de Bolsa, que incluye entre sus integrantes a Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia y hombre cercano al actual mandatario, habría facilitado operaciones financieras por al menos 220 millones de pesos para Grupo Potesta.
Grupo Potesta es señalado como un actor clave en el esquema y se le acusa de:
- Evasión fiscal y operaciones simuladas.
- Lavado de dinero y contrabando de combustible.
- Colaboración directa con organizaciones criminales de alto perfil, como el Cártel de Sinaloa y Los Cuinis.
EXCLUSIVA:
— Arturo Ángel (@arturoangel20) October 29, 2025
VECTOR Casa de Bolsa, la financiera de Alfonso Romo, habría sido utilizada para lavar dinero por la mega red empresarial detras del HUACHICOL fiscal.
Así lo señala la carpeta de investigación indagatoria de la FGR.
Exclusiva en @EntornoMexico_ y @asilascosasWPM… pic.twitter.com/SkVUQD1DhG
La indagatoria sugiere que Vector habría servido como conducto para «enviar recursos hacia otras entidades o países con la finalidad de pretender ocultar recursos financieros» generados por estas actividades ilícitas.
Esta no es la primera vez que Vector enfrenta acusaciones graves que cruzan el sexenio. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya sancionó a la Casa de Bolsa por presuntamente lavar dinero del Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, organizaciones catalogadas como grupos terroristas.
La FGR también indaga la opacidad de Vector por inconsistencias entre su volumen de operaciones y el reducido número de empleados, un patrón de irregularidades que también se observa en otra empresa vinculada al caso, Grupo Base Energéticos.
Este caso pone de manifiesto que la red de corrupción que opera el «huachicol fiscal» y el lavado de dinero sigue activa, tocando a figuras y empresas cercanas a la élite política, lo que subraya la frustración ciudadana ante la continuidad de estos esquemas sin importar qué partido esté en el poder.
