Mientras Morena impulsa una nueva Ley General de Aguas bajo el discurso de que “el agua no se privatiza” y que el recurso debe volver a manos de la nación, figuras centrales del propio movimiento gobernante concentran concesiones hídricas millonarias a su nombre, de acuerdo con una revisión al Registro Público de Derechos de Agua.
En los últimos siete años, al menos 31 figuras políticas ligadas al poder público cuentan con concesiones vigentes que, en conjunto, superan los 6.2 millones de metros cúbicos de agua al año, equivalentes a 2 mil 511 albercas olímpicas. Una parte sustancial de estos títulos corresponde a funcionarios, legisladores y exfuncionarios vinculados directamente a Morena.
El doble discurso desde el poder
Entre los casos más representativos se encuentra Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación y hoy diputada federal de Morena, quien mantiene cuatro concesiones de agua en Nuevo León, con un volumen anual de más de 1 millón 77 mil metros cúbicos.
Durante la crisis hídrica de 2022 en ese estado, Sánchez Cordero defendió públicamente estas concesiones argumentando una tradición familiar agrícola, mientras miles de ciudadanos enfrentaban cortes y racionamientos.
Otro caso es el de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Romo conserva una concesión por 600 mil metros cúbicos anuales en Nuevo León, mientras empresas vinculadas a su entorno empresarial han sido señaladas por concentrar volúmenes de agua muy superiores. Pese a los anuncios oficiales de “cero impunidad”, el caso nunca derivó en sanciones ejemplares.
Gobernadores de Morena: discurso público, beneficio privado
El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, concentra siete concesiones de agua por casi 382 mil metros cúbicos anuales, varias de ellas ubicadas en el mismo estado que gobierna.
Paradójicamente, Villarreal ha sido uno de los principales críticos de la “óptica privatizadora” del agua y ha llamado a que el recurso sirva “para hacer justicia”, mientras mantiene títulos privados de aprovechamiento hídrico.
A nivel legislativo, también aparecen nombres de Morena con concesiones vigentes que participaron activamente en la discusión y aprobación de la nueva Ley de Aguas, entre ellos Ricardo Sheffield Padilla, José Javier Aguirre Gallardo y Óscar Cantón Zetina, todos beneficiarios de títulos de agua para distintos usos.
Una ley con más control… y menos transparencia
La Ley General de Aguas, expedida el 4 de diciembre, fue aprobada en medio de protestas de campesinos y agricultores de diversos estados, quienes advirtieron que la reforma centraliza el control del agua en el Estado, limita la transmisión de concesiones entre particulares y abre la puerta a reasignaciones discrecionales desde la Conagua.
Especialistas con experiencia dentro del propio organismo han advertido que este nuevo marco legal no garantiza mayor equidad, sino que puede derivar en opacidad, sobre todo cuando quienes legislan y gobiernan son, al mismo tiempo, concesionarios.
Morena y el agua: poder para regular, privilegios para acumular
El patrón es claro: Morena legisla, Morena administra y Morena concentra. Mientras desde la tribuna se acusa a otros sectores de acaparar recursos y se construye una narrativa de “justicia hídrica”, los cuadros del oficialismo aparecen sistemáticamente beneficiados por el mismo esquema de concesiones que dicen combatir.
La pregunta ya no es si las concesiones son legales.
La pregunta es si es ético que quienes controlan la ley y el aparato del Estado jueguen en ambos lados del tablero: como árbitros públicos y como beneficiarios privados de un recurso estratégico en un país con sequías, estrés hídrico y comunidades sin acceso al agua.
