En un México donde el término «huachicolero» se popularizó para describir a quienes ordeñan ductos, el crimen ha evolucionado. Ahora, un nuevo tipo de robo drena los recursos del país de forma sigilosa y sistemática: el «huachicol fiscal». No hay imágenes de perforaciones, pero el problema es igual de grave. La pregunta es: ¿por qué el gobierno no ha sido capaz de detenerlo?
Este delito ya no requiere perforar tubos, sino manipular documentos en oficinas. Los delincuentes, con trajes y sellos oficiales, declaran cargamentos enteros de diésel o gasolina como «aditivos» o «lubricantes», evadiendo el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). La falta de una respuesta contundente del gobierno ha permitido que esta red de corrupción y complicidad continúe operando libremente.
El costo de esta inacción es astronómico. Se estima que cerca de un tercio de las gasolinas que circulan en el país provienen del contrabando fiscal, lo que se traduce en pérdidas de más de 170 mil millones de pesos al año. Esta cantidad podría financiar programas sociales, construir hospitales o modernizar miles de escuelas. Cada factura falsa es un golpe directo a los ciudadanos.
Lo más preocupante es que este tipo de crimen no genera la misma indignación que el robo de ductos. Quizás porque ocurre en las sombras de la burocracia, sin la violencia visible del otro. Sin embargo, su impacto es más profundo, ya que erosiona la confianza en el sistema tributario y refuerza la percepción de que la impunidad siempre tiene un camino.
A pesar de los discursos oficiales y de algunos operativos mediáticos, la persistencia del huachicol fiscal evidencia las fallas en la estrategia del gobierno. Los mexicanos se preguntan si la lucha contra el crimen de cuello blanco y la corrupción en las aduanas es una verdadera prioridad o si la batalla ya está perdida.
Para la sociedad, este fraude es un golpe directo. Es crucial que el gobierno entienda que defraudar al fisco es igual de grave que robar de un ducto. No basta con la retórica; se necesitan acciones firmes. Si el gobierno realmente quiere romper con este círculo vicioso, debe cerrar los huecos legales y aplicar la ley con la misma severidad tanto a quienes roban en la oscuridad como a quienes desfalcan al erario desde una oficina.
