El Gobierno repite que “se acabaron los privilegios”, pero sus acciones lo desmienten todos los días. El caso más reciente es el de Altagracia Gómez Sierra, consejera económica de Claudia Sheinbaum, cuya empresa recibió un contrato directo por 346 millones de pesos para procesar maíz nixtamalizado. Sin licitación, sin competencia y sin explicaciones claras, la adjudicación se realizó como si estuviera destinada desde el principio.
Lo más revelador no es solo el monto, sino la velocidad y la generosidad con la que se le otorgó. Durante los seis años del gobierno de López Obrador, Minsa Industrial acumuló tres contratos por un total de 369 millones de pesos. Hoy, con una sola firma bajo la administración de Sheinbaum, prácticamente alcanzó esa cifra. Lo que antes requería años de gestión ahora se obtiene con un simple movimiento desde el escritorio del poder.
El contrato implica retirar del Gobierno hasta 60 mil toneladas de maíz para transformarlo en harina, empacarlo y distribuirlo en bodegas de 31 estados. La operación es millonaria y el programa podría superar los 445 millones de pesos si se ejecuta a plenitud. Pese a la magnitud del gasto público, la 4T optó por cerrar el proceso y entregar todo a una sola empresa ligada a una funcionaria cercana a la presidenta.
La exclusión de la competencia no fue accidental. Firmas como Molinos Azteca o Harif Masa, que en otros años habían sido consideradas, quedaron fuera del camino. Las reglas del proceso se ajustaron de tal manera que solo Minsa cumpliera con los requisitos, lo que convierte la adjudicación en una formalidad disfrazada de procedimiento administrativo. No hubo mercado, no hubo evaluación comparativa y no hubo transparencia.
Resulta imposible ignorar la coincidencia entre el ascenso político de Gómez Sierra y el crecimiento de los contratos asignados a su empresa. Desde 2024, preside el consejo que asesora al Gobierno en temas industriales. Desde esa posición estratégica, el flujo de recursos públicos hacia Minsa no ha hecho más que incrementarse. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que ya no existen los intermediarios privilegiados, aunque los hechos muestran que solo cambiaron de nombre y de color partidista.
En el corazón del discurso de la 4T está la promesa de acabar con los beneficios para los cercanos al poder. Pero este caso, como tantos otros, exhibe un doble discurso: la austeridad es para los ciudadanos; la abundancia, para los aliados políticos. Si así luce el combate a la corrupción, el país está simplemente ante un nuevo modelo de privilegios… administrado por los mismos que juraron erradicarlos.
