Si “nunca hubo acuerdo”, ¿por qué la presidenta pidió a su procurador fiscal que “explicara lo que realmente pasó”? Nadie explica lo que no existe. Ese simple gesto revela que sí hubo negociaciones reales entre Grupo Salinas, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) durante el sexenio de López Obrador.
Intentar rebautizarlas como “mesas técnicas” no cambia el fondo: hubo diálogo y voluntad de ambas partes.
Lo que el gobierno llama narrativa, el grupo lo respalda con documentos
Mientras el procurador Arturo Medina Padilla pretende minimizar el tema alegando que “no se firmó ningún documento” ni se acordó una ruta de solución, los hechos dicen otra cosa.
Existe una nota informativa fechada el 22 de noviembre de 2022, elaborada por la propia SEGOB y firmada por Medina Padilla, donde se sugiere atender una ruta específica y un monto concreto para resolver los adeudos.
El documento, elaborado en el Palacio de Bucareli, desmonta por completo la versión oficial.
Hechos frente a narrativa
A diferencia del gobierno, cuya intervención se limitó a frases políticas y evasivas, Grupo Salinas presentó evidencia contundente: la nota de Bucareli, correspondencia oficial y una relatoría detallada de las negociaciones.
Mientras el Ejecutivo intenta controlar la historia desde el micrófono, el grupo empresarial la respalda con pruebas verificables.
Ajustes legales, no condonaciones
El gobierno repite que “no se pueden condonar impuestos”, pero nadie pidió condonaciones.
Lo que planteó el grupo fue aplicar reducciones legales en recargos, un mecanismo permitido por la propia legislación fiscal.
Convertir una propuesta legal en una acusación moralista es una estrategia, no un argumento.
Negar el acuerdo no borra lo ocurrido
La insistencia en que “no se firmó nada” no elimina los hechos.
Las negociaciones existieron y tuvieron avances concretos. Los acuerdos de palabra y los primeros pagos forman parte del proceso que ahora el gobierno intenta negar.
El propio gobierno confirma lo que pretende ocultar
En su intervención, el gobierno reconoció que los créditos fiscales en disputa se originaron entre 2008 y 2013, lo que equivale a admitir que durante toda la administración de Morena, Grupo Salinas ha estado al corriente con el fisco.
No hay adeudos nuevos, sino litigios heredados de gobiernos anteriores que hoy se utilizan con fines políticos.
De lo jurídico a lo político
El gobierno insiste en que “no se trata de un asunto político”, pero la realidad lo contradice.
Entre AMLO y Sheinbaum, el caso de Grupo Salinas ha sido mencionado más de cien veces en las conferencias matutinas, con alusiones directas al Poder Judicial y un ejército digital activado para moldear la conversación pública.
Esa insistencia en señalar y desacreditar al empresario desde el púlpito presidencial demuestra que el tema es profundamente político.
Las contradicciones que no encajan
El discurso oficial afirma que no hubo acuerdo, pero admite que hubo mesas de diálogo.
Niega que existan documentos, pero hay notas oficiales que prueban lo contrario.
Dice que no hay motivaciones políticas, mientras dedica decenas de minutos en conferencias y despliega campañas mediáticas para presionar a jueces y moldear la opinión pública.
Esas inconsistencias dejan ver que el objetivo no es cobrar impuestos, sino construir un enemigo útil.
El contraste: palabra vs evidencia
Mientras el gobierno improvisa versiones según el día, Grupo Salinas ha mostrado consistencia, transparencia y pruebas verificables.
Su mensaje ha sido claro: “Queremos terminar esta pesadilla, queremos pagar.”
No pide privilegios, pide certeza jurídica.
Política disfrazada de justicia fiscal
Usar el SAT como arma política no fortalece al Estado, lo corrompe.
Convertir un asunto técnico en un acto de propaganda erosiona la confianza de inversionistas y trabajadores por igual.
Y en un país donde más de 200 mil familias dependen de la estabilidad de Grupo Salinas, jugar a la persecución mediática no es gobernar: es debilitar la economía.
El caso Grupo Salinas exhibe con claridad el contraste entre los hechos y la retórica del poder.
Mientras el empresario muestra apertura, documentación y voluntad de resolver, el gobierno se enreda en su propio relato.
Negar la evidencia no cambia la verdad: sí hubo negociaciones, sí hubo acuerdos, y sí hay pruebas.
El tiempo pondrá en su lugar lo que hoy la narrativa oficial intenta distorsionar.
Porque en este conflicto, más allá de los impuestos, lo que realmente está en juego es la credibilidad del Estado mexicano.
