La situación que atraviesan los medios de comunicación en Campeche es alarmante. Durante el sexenio 2021–2027 de la gobernadora morenista Layda Sansores San Román, la presión, la persecución y la intimidación desde el poder han llevado al cierre de los cinco periódicos que se editaban en la entidad. Uno a uno desaparecieron Tribuna, Crónica, El Sur, Expreso y Novedades. No quedó ninguno.
Hoy, Campeche apenas cuenta con una televisora y una proliferación de portales y medios digitales que, en su mayoría, evitan cualquier crítica a la mandataria. No la cuestionan ni “con el pétalo de una rosa”. Sansores no requiere de la prensa: tiene su propio espacio, su propio canal, su tribuna personal llamada Martes del Jaguar. Ahí impera su versión de los hechos. Solo su verdad. Una verdad que, todo indica, buscará resguardar con mayor celo cuando concluya su gestión en 2027.
Con los poderes Judicial y Legislativo bajo control y la prensa acallada, la gobernadora ha extendido su influencia de manera desmedida, intentando dominar prácticamente todos los ámbitos de la vida pública: la política, la sociedad civil, la universidad, la cultura y los municipios, entre otros. No se conformó con amordazar a los medios; también avanzó sobre la Universidad Autónoma de Campeche.
En lo que muchos califican como un auténtico “golpe de Estado” contra la autonomía universitaria, Sansores ordenó la detención y consignación del rector José Alberto Abud Flores el pasado 12 de enero. Ese mismo día, en una sesión del Consejo Universitario, fue destituido para imponer como rectora a Fany Guillermo Maldonado. La ilegalidad del acto es evidente: el Consejo no sesionó en el campus universitario, sino en el Centro de Convenciones Siglo XXI, un recinto propiedad del gobierno estatal.
Pero el silencio impuesto no se limita a periodistas y académicos. La sociedad campechana también ha sido objeto de hostigamiento. Periodistas, rectores, policías y ciudadanos —incluso aquellos que durante el carnaval han usado botargas o máscaras de políticos— han sido acosados, denunciados o intimidados por el simple hecho de ejercer la crítica o la sátira. Así lo documenta la periodista María Cabadas en un reportaje publicado en El Universal.
Reporteros locales relatan que, en círculos privados, Sansores se refiere a los periodistas como “unos mugrosos muertos de hambre”. En agosto pasado, un comunicador llamado Abraham y dos colegas más fueron obligados a ofrecer disculpas públicas a la gobernadora por supuesta violencia política de género. El Tribunal Electoral del Estado de Campeche determinó que expresiones emitidas en programas de YouTube y Facebook eran ofensivas, estereotipadas y constituían violencia política en razón de género.
Así como Campeche presume su antigua muralla arquitectónica, la gobernadora ha levantado su propia muralla política para blindarse de cualquier cuestionamiento. La invención de cargos y el acoso institucional se han convertido en sus principales herramientas contra quienes considera incómodos.
Mientras los campechanos se ven obligados a rumiar en silencio su inconformidad y desencanto, Sansores utiliza Martes del Jaguar para lanzar señalamientos y acusaciones contra sus adversarios. En una emisión reciente arremetió contra Abud Flores, a quien calificó de “cobarde” y “traidor”. También atacó al secretario general de la ANUIES, Luis González Placencia, acusando a la asociación de extralimitarse al intervenir en asuntos que, según ella, competen únicamente a la comunidad universitaria.
Para Jorge González, otro de los periodistas acusados desde el gobierno estatal de violencia política de género, el panorama es claro: Layda Sansores atenta directamente contra la libertad de expresión y viola la Constitución, utilizando incluso a los órganos de impartición de justicia como instrumentos de persecución. “La señora está totalmente obnubilada, fuera de sí”, afirma. “Actúa sin ton ni son contra quienes dicen la verdad”.
Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum señaló hace unas semanas que el poder no debe usarse para vendettas políticas, en Campeche esa advertencia ha sido ignorada. La gobernadora continúa apagando las voces que la incomodan.
La sombra de la censura y el miedo se cierne sobre Campeche. La verdad se desvanece en un estado donde la libertad de expresión se ha convertido en un lujo al alcance de muy pocos. La impunidad y el abuso de poder parecen haberse normalizado, concluye María Cabadas.
