La ministra Lenia Batres Guadarrama ha decidido ir en contra de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al proponer ratificar el acuerdo que desechó la controversia constitucional presentada por el organismo contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). De aprobarse su propuesta, quedará firme el procedimiento sancionador contra la CNDH por la presunta difusión de propaganda gubernamental, debilitando aún más la capacidad del organismo para defender sus posturas.
En septiembre pasado, la Sala Superior del TEPJF determinó que el personal de la CNDH incurrió en infracciones por difundir propaganda gubernamental en periodo prohibido, vulnerar los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, así como hacer un uso indebido de recursos públicos. Sin embargo, la CNDH rechazó estas acusaciones y presentó una controversia constitucional para impugnar la resolución.
A pesar de este intento por defender su postura, la ministra Margarita Ríos Farjat desechó la controversia, argumentando que no procedía porque la decisión impugnada proviene de un órgano del Poder Judicial de la Federación (PJF). En respuesta, la CNDH interpuso un recurso de reclamación, confiando en que se revisara el caso. Pero su esperanza se topó con la ministra Lenia Batres, quien lejos de darle la razón al organismo, presentará el próximo 26 de febrero un proyecto ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el que propone confirmar la decisión de Ríos Farjat y cerrar definitivamente la puerta a la impugnación de la CNDH.
En su proyecto, Batres se alinea con la postura del TEPJF y argumenta que la controversia de la CNDH no tiene fundamento, basándose en el artículo 102, apartado B, párrafo tercero de la Constitución, el cual restringe la competencia de los organismos de derechos humanos en asuntos electorales y jurisdiccionales. Con esta decisión, la ministra no solo desestima las denuncias de la CNDH, sino que además refuerza el criterio de que el organismo no tiene cabida en la defensa de derechos en este ámbito.
El conflicto surgió a raíz de la publicación del Primer y Segundo Informes “Sobre Violencia Política para la Protección y Defensa del Derecho a la Democracia”, lo que provocó la reacción del Partido Acción Nacional (PAN), que acusó a la CNDH de intervenir en la contienda electoral de 2024 y de hacer un uso indebido de recursos públicos. Con la decisión de Batres, la CNDH queda prácticamente indefensa ante estos señalamientos.
Tras la determinación del TEPJF, la CNDH denunció que el tribunal intentaba acallarla y que la resolución era una maniobra política en su contra. “Como era previsible, nos fue notificada el día de ayer la burda y amañada resolución del procedimiento especializado sancionador 484 por parte del TEPJF”, expresó el organismo en un comunicado del 7 de septiembre de 2024, evidenciando su descontento con la resolución.
Ahora, con la ministra Lenia Batres sumándose a la causa del tribunal electoral, la CNDH se enfrenta a un nuevo obstáculo en su intento por impugnar la decisión y evitar lo que considera un ataque directo a su labor.
