La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inicia su nueva integración en medio de cuestionamientos por su independencia y por la falta de preparación de varios de sus integrantes. La ministra Lenia Batres Guadarrama fue ratificada como la encargada de analizar y presentar el proyecto sobre un presunto adeudo fiscal de 60 millones de pesos atribuido a Ricardo Salinas Pliego, lo que reaviva las dudas sobre la imparcialidad del máximo tribunal.
Un pasado de confrontación y enemistad abierta
La inquietud no solo es por la cifra millonaria, sino por el historial. Batres, antes de llegar a la Corte, llamó “miserable” al empresario, lo acusó de “nuevas formas de golpismo” y pidió retirarle la concesión de TV Azteca. De hecho, en la integración anterior del Pleno fue impedida para conocer asuntos relacionados con él por enemistad manifiesta. Pese a ello, hoy encabeza el análisis de un caso que involucra a la misma persona.
Un acuerdo a modo que abre suspicacias
El Acuerdo General 1/2025 (12a.) fijó las reglas para la recepción y turno de asuntos. Gracias a esa norma, Batres, Yasmín Esquivel y Margarita Ríos-Farjat Ortiz conservan los expedientes que ya tenían, supuestamente para aprovechar su conocimiento previo.
Pero la regla no se aplicó igual para todos:
- María Estela Ríos heredó los casos de Jorge Mario Pardo Rebolledo.
- Giovanni Azael Figueroa recibió los de Juan Luis González Alcántara.
- Los otros cuatro nuevos ministros no heredaron nada: sus asuntos se asignarán en automático.
En la práctica, esto se traduce en “reglas de chile, dulce y manteca”, que permiten discrecionalidad y siembran dudas sobre la objetividad en la distribución de casos.
Una nueva Corte cuestionada desde su origen
El problema va más allá del caso Salinas Pliego. Diversos especialistas y organizaciones jurídicas advierten que los nuevos ministros carecen de experiencia y trayectoria sólida en derecho constitucional, litigio o academia. Muchos de ellos no han sido jueces ni magistrados, y llegaron por cuotas políticas y cercanía con el poder.
Los perfiles nombrados en 2025 provocaron sorpresa y críticas:
- Algunos no cuentan con publicaciones académicas relevantes ni antecedentes en tribunales de alto nivel.
- Otros han ocupado cargos administrativos o partidistas, sin una carrera judicial robusta.
- Varias designaciones fueron descritas como “premios políticos” más que como reconocimientos a una trayectoria jurídica.
Colegiados de abogados y analistas legales han alertado que un tribunal supremo integrado mayoritariamente por personas sin experiencia judicial real compromete la calidad de las sentencias y debilita la defensa de la Constitución, porque “un juez sin formación es un juez manipulable”.
Riesgo directo para la justicia
La elaboración de un proyecto en la Corte no es un trámite neutro: quien redacta la propuesta “trae mano” y puede inclinar el resultado. Por eso, que Batres conserve el expediente de Salinas Pliego, pese a su enemistad pública, alimenta la sospecha de un proceso sesgado.
No se trata de un simple pleito personal. Toda persona tiene derecho a un juez independiente e imparcial, se trate de un ciudadano común o de uno de los empresarios más poderosos del país. La reforma judicial prometía fortalecer la justicia; sin embargo, con ministros sin experiencia y con claros vínculos partidistas, el riesgo es exactamente el contrario.
Un debut que erosiona la confianza
La llamada “nueva SCJN” nació entre acusaciones de clientelismo político, con nombramientos avalados mediante acordeones legislativos y mayorías automáticas. Hoy, con decisiones como la que mantiene a Batres al frente del caso Salinas Pliego, esas sospechas no solo se confirman: se profundizan.
La pregunta es inevitable: ¿cómo confiar en un tribunal supremo integrado, en buena parte, por personas sin preparación suficiente y con antecedentes de militancia política?
El caso de Ricardo Salinas Pliego se ha convertido así en un símbolo de lo que está en juego: el principio de justicia imparcial y la credibilidad del máximo tribunal del país.
