Las nuevas disposiciones del SAT para combatir factureras provocan alarma entre empresarios y expertos, que acusan un giro autoritario y una política de “terrorismo fiscal” contra el emprendimiento.
Ciudad de México. — Antonio Martínez Dagnino, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), enfrenta una ola de críticas tras anunciar un nuevo paquete de medidas que, bajo el argumento de combatir a las empresas fantasma y las factureras, podrían paralizar la creación de negocios formales en el país y poner en riesgo la presunción de inocencia de miles de contribuyentes.
El funcionario de la 4T presentó los cambios como parte de una «estrategia de control», pero empresarios, contadores y analistas fiscales advierten que lo anunciado representa un endurecimiento inédito del aparato recaudador del Estado, con tintes autoritarios y efectos inmediatos sobre la economía productiva.
Burocracia y Sospecha Generalizada
Entre las nuevas disposiciones, destaca la obligación de tramitar presencialmente el RFC y la firma electrónica ante oficinas del SAT, trámites que no serán otorgados si no se presenta un comprobante de domicilio a nombre de la empresa. El requisito, aparentemente menor, complica la operación de miles de nuevos negocios, especialmente en un contexto donde las oficinas virtuales y los espacios compartidos son la norma para emprendedores y pequeñas empresas.
“Esto es un retroceso. Convertir un trámite en una barrera para abrir empresas formales solo empuja a más mexicanos a la informalidad”, lamentó un abogado fiscalista consultado.
Pero la medida más cuestionada es la prisión preventiva oficiosa para quienes el SAT presuma ser socios de una empresa fantasma. En la práctica, el gobierno encarcelará primero y verificará después. El SAT asumirá funciones de juez y fiscal, pues los tribunales no podrán suspender los procedimientos.
“Martínez Dagnino está convirtiendo al SAT en un brazo punitivo del Estado”, señalaron especialistas. “No solo elimina la presunción de inocencia: coloca a todo contribuyente bajo sospecha”.
“Pena de Muerte Empresarial”
El impacto político de las medidas no ha pasado desapercibido. Diversas cámaras empresariales advierten que estas decisiones podrían espantar la inversión, generar desconfianza y colocar al gobierno federal en una posición de persecución fiscal frente al sector productivo.
Además, las sanciones inmediatas —como la baja del sello digital para facturar desde el inicio del procedimiento— equivalen, según expertos, a una “pena de muerte empresarial”. Sin poder emitir facturas, una compañía queda inoperante, incluso si posteriormente demuestra su inocencia.
“Primero se castiga, después se investiga”, resume un analista.
Las críticas señalan directamente a Martínez Dagnino como el responsable de impulsar una burocracia fiscal más pesada que nunca, en contraste con la tendencia mundial de simplificar la creación de empresas. “El SAT está pasando de ser un órgano recaudador a una herramienta de intimidación política”, advirtió un empresario afectado.
Mientras el discurso oficial insiste en combatir la evasión, las medidas adoptadas parecen apuntar en otra dirección: castigar al que produce y sospechar del que trabaja.
En medio de un entorno económico incierto y con el país urgido de inversión y empleo, el costo político de las decisiones de Martínez Dagnino podría ser más alto de lo que imagina.
