Patricia Olivares sostiene entre sus manos una impresión de video registrada por una cámara de seguridad, en la que se observa a su hijo salir de su casa a las 11:15 de la mañana del sábado 15 de noviembre. Horas después, asegura, sería detenido por elementos de la SSC, quienes lo golpearon durante dos horas y lo presentaron como participante de la marcha a la que convocó la llamada Generación Z en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Brian Olivares Ramírez, técnico en reparación de celulares, fue enviado al Reclusorio Norte, en el que el juez le dictó prisión preventiva, acusado de robo y lesiones.
“Él fue a comprar refacciones a la Plaza de la Tecnología. Nada más”, afirma la señora Patricia en entrevista con La Silla Rota, en su casa, en la colonia Jardines de Guadalupe, en Nezahualcóyotl, Estado de México.
“Salió a las 11:15, dejó su moto en casa de sus tíos y se fue en Metro, como siempre. Fue a comprar piezas. Ahí (en el Centro) lo detuvieron, entre ocho policías. Lo patearon, lo arrastraron, lo subieron a la patrulla mientras lo seguían golpeando”.
El joven, quien cumplió 28 años en prisión, terminó en la Coordinación Territorial Cuauhtémoc 1. Ahí lo localizaron hasta el domingo, después de buscarlo por toda la ciudad. “Tenía la cara raspada, sangre en la boca, golpes en la espalda. Él padece epilepsia y perdió la noción. Creemos que convulsionó”, relata su madre. “Me dijo que le estaban pidiendo dinero. Que le llevara dinero”.

Según la imputación, Brian está acusado de robo y lesiones en el contexto de la protesta realizada por personas que se identifican como parte de la Generación Z. Sin embargo, su madre insiste en que él no participó en la marcha. “Él no fue a manifestarse. Fue por cuestiones de trabajo. Es un niño trabajador, honesto; un muchacho de casa”, insiste.
El abogado que lleva su caso, Ricardo Colorado, quien también representa a otros detenidos, sostiene que Brian nunca pisó el Zócalo de la CDMX y que fue detenido por su aspecto físico. “Se le está criminalizando y se le está presentando a la sociedad como parte de ese grupo del Bloque Negro o parte de un grupo criminal, algo que está completamente alejado de la realidad.
¿Qué ocurrió el 15 de noviembre?
La marcha convocada por colectivos que se identifican como parte de la Generación Z reunió a miles de personas en el Zócalo capitalino, en demanda de justicia por el asesinato de Carlos Manzo y un alto a la violencia.
La movilización que en un inicio se desarrolló de manera pacífica culminó en el enfrentamiento entre manifestantes y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tras el derribo de las vallas metálicas que protegían Palacio Nacional.
Tras varias horas de enfrentamiento, los elementos policiacos replegaron con gases a los inconformes que huyeron de la plancha del Zócalo por las calles 20 de Noviembre, 5 de Febrero y 5 de Mayo. Durante el repliegue, elementos de la SSC golpearon, sin distinción, a manifestantes, reporteros y ciudadanos. Ese día, la SSC puso a disposición del Ministerio Público a 29 personas.
La Fiscalía informó que policías lesionados hicieron señalamientos directos de quienes los agredieron, además de informes de la SSC y videograbaciones en los que se observa a imputados participando en agresiones con piedras o palos.
La Fiscalía también aseguró que en todas las detenciones se aplicaron los protocolos de valoración médica, contacto con familiares y asistencia jurídica.
Tras las primeras audiencias, ocho personas quedaron en prisión preventiva justificada, entre ellas Brian. Tres fueron acusados de tentativa de homicidio; mientras que el resto fue acusado de resistencia, robo y lesiones. Otros 10 imputados enfrentan su proceso en libertad con restricciones.

“Me golpearon con extintores”: Gabriel Pérez, acusado intento de homicidio
Entre quienes quedaron en libertad provisional está Gabriel Pérez Rábago, de 50 años, trabajador de la Secretaría de Finanzas del Gobierno capitalino. A diferencia de Brian, Gabriel sí estaba en el Zócalo. Asegura, sin embargo, que no acudió como participante de la protesta.
“Yo iba solo para ver qué estaba ocurriendo. Se decía que eran bots, que no había gente. Yo quería documentarlo por mí mismo”, cuenta en entrevista. Dice que estuvo primero en los comercios alrededor del Metro Pino Suárez y después caminó hacia la Plaza de la Constitución. Llegó alrededor de las 15:15 horas.

Apenas llevaba unos minutos cuando, afirma, comenzó el lanzamiento de gas. “Me ardían los ojos, la garganta. Decidí irme. Iba caminando hacia la salida cuando un policía me gritó que me acercara porque si no me iban a lesionar”. Dice que no alcanzó a escuchar y que, al pedirle que repitiera, el agente avanzó dos pasos, lo tomó del brazo y lo jaló hacia un campamento policial.
Lo que ocurrió después, asegura, fue una golpiza colectiva. “Eran tres filas de elementos. Me pegaron en la cara, en los brazos. Sentí dos golpes de extintor, uno en la nuca y otro en el rostro. Me rompieron la nariz. No he dejado de sangrar desde ese día”, explica. Afirma que tampoco recibió atención médica especializada.

En el espacio donde fueron concentrados, relata, había ocho personas más. Menciona a una joven llamada Daniela Toussaint, golpeada y, según él, herida con un extintor. “Fuimos nueve personas. Algunos sí habían ido a la marcha; otros solo estábamos grabando o documentando”.
Los trasladaron esposados a la agencia CUAU 1, donde permanecieron hacinados, sin alimentos ni agua, hasta la noche. “No nos leyeron derechos hasta las 11 de la noche”, dice. “Yo pude avisarle a mi familia solo porque escondí mi teléfono”.
Gabriel sostiene que la acusación por tentativa de homicidio se basa en un señalamiento de que golpeó a un policía, algo que, dice, no aparece en ninguna grabación. “Dicen que no se documentó porque había mucho humo y porque las cámaras voltearon a otros lados”.
Niega pertenecer a colectivos o grupos radicales. También rechaza versiones difundidas en redes sociales que lo vinculan al Bloque Negro por un supuesto tatuaje en la cabeza. “No es un tatuaje. Es micropigmentación capilar por un procedimiento para recuperar mi cabello”.
Ha trabajado en el gobierno capitalino desde 2007. Dice temer por su situación jurídica, pero no por su empleo. “Estoy tratando de comprobar mi ausencia con documentos del proceso”, comenta antes de dirigirse a una evaluación en la Comisión de Derechos Humanos ya que considera que fue detenido por verse “vulnerable” y por discriminación relacionada con su micropigmentación capilar. “Pensaron que era un tatuaje”.
Su defensa logró que siguiera su proceso en libertad con medidas cautelares y está obligado a firmar mensualmente y tiene prohibido pisar la plancha del Zócalo.

Respecto a las declaraciones del titular de la SSC, Pablo Vázquez, quien calificó el operativo como “ejemplar”, Pérez afirma: “Si eso fue ejemplar, entonces él tendría que asumir que sus instrucciones eran atacar a la población”.
“Mi hijo no estaba marchando, estaba trabajando”
Mientras Brian espera audiencia desde el reclusorio y Gabriel acude a revisiones médicas y reuniones con su defensa, ambos casos permanecen activos en tribunales.
Las familias y abogados preparan nuevas solicitudes de revisión judicial y quejas por presuntas irregularidades en las detenciones y el trato recibido.
En tanto, la señora Patricia vuelve a mirar la fotografía de su hijo saliendo de casa. Dice que irá a donde sea necesario. “Sólo quiero que salga libre. Que vean que mi hijo no estaba marchando, estaba trabajando”.

Información La Silla Rota

