El diario estadounidense The New York Times dio a conocer una investigación en la que señala a diversos políticos mexicanos que ya contarían con procesos legales abiertos o investigaciones formales en Estados Unidos, relacionados con presuntos vínculos con el crimen organizado, tráfico ilegal y otras actividades ilícitas.
De acuerdo con el reportaje, las autoridades estadounidenses habrían iniciado acciones legales o indagatorias contra funcionarios y exfuncionarios de alto nivel, la mayoría vinculados al partido Morena, como parte de investigaciones que se siguen en cortes y agencias federales de ese país.
Entre los nombres mencionados se encuentra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, quien —según el medio— es investigado por presuntos vínculos y encuentros con líderes del crimen organizado. También aparece Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, señalado por su presunto papel en la liberación de Ovidio Guzmán López durante el operativo fallido de 2019.
La lista incluye además a Adán Augusto López Hernández, senador de Morena, quien es vinculado en la investigación con el grupo criminal conocido como “La Barredora” en Tabasco, organización que —de acuerdo con el reportaje— habría evolucionado hacia actividades de carácter criminal.
Asimismo, el New York Times menciona a Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, a quien se le habría suspendido la visa estadounidense y sobre quien pesan presuntos señalamientos relacionados con el tráfico ilegal de combustibles. En el caso de Michoacán, se cita al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, por supuestos vínculos indirectos con personajes investigados y señalamientos relacionados con apoyos ilícitos durante su campaña.
Finalmente, el reportaje hace referencia a Mario Delgado Carrillo, actual secretario de Educación Pública, quien habría sido mencionado en expedientes estadounidenses por presuntas relaciones con personajes ligados al crimen organizado.
El diario subraya que los procesos y señalamientos se encuentran en distintas etapas legales, y que en varios casos se trata de investigaciones en curso. No obstante, destaca que la información forma parte de un patrón de creciente escrutinio de las autoridades estadounidenses sobre figuras políticas mexicanas, particularmente en temas relacionados con seguridad, narcotráfico y flujos financieros ilícitos.
Hasta el momento, ninguno de los señalados ha sido condenado en cortes estadounidenses, y algunos han rechazado públicamente las acusaciones. Sin embargo, la publicación ha generado una fuerte reacción política y ha reavivado el debate sobre la relación entre poder político y crimen organizado en México, así como el impacto internacional de estos señalamientos.
