Bajo el eslogan de una «Justicia de Puertas Abiertas», la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ahora encabezada por el ministro presidente Hugo Aguilar, ha comenzado su gestión con un severo retroceso en la rendición de cuentas: la eliminación de los tabuladores salariales detallados de su portal oficial de transparencia.
La simulación de la transparencia
Aunque el discurso institucional presume una «nueva etapa operativa» tras la reforma judicial, la realidad en la plataforma digital es otra. Datos que antes eran públicos y de fácil acceso —como el sueldo neto de 137 mil 582 pesos mensuales y el desglose de prestaciones de los ministros— han sido borrados de los perfiles individuales.
En su lugar, el tribunal ha priorizado una «nueva imagen» cargada de simbolismos, como el bastón de mando, mientras relega la información financiera al Diario Oficial de la Federación (DOF). Esta maniobra, aunque legal, representa una barrera burocrática que dificulta el acceso ciudadano y contradice la promesa de eliminar la distancia entre el tribunal y el pueblo.
Austeridad sin cuentas claras
La administración de Aguilar justifica estos cambios bajo un esquema de «austeridad forzada» debido a los recortes presupuestales de 15 mil millones de pesos impuestos por la Cámara de Diputados. Sin embargo, resulta paradójico que, en medio de un ajuste de cinturón institucional, la Corte decida blindar la visibilidad de sus propias remuneraciones.
Los puntos clave del apagón informativo:
- Datos eliminados: Desapareció el desglose mensual de percepciones y prestaciones que antes era consultable con un clic.
- Obstáculos al ciudadano: Al enviar la información exclusivamente al DOF, la SCJN entorpece la fiscalización social del gasto público.
- Contradicción institucional: Mientras el ministro presidente habla de «honor e inclusión», la plataforma digital restringe el acceso a la información económica más sensible de los juzgadores que integrarán la Corte en 2026.
Con la implementación de la reforma judicial, la SCJN parece haber cambiado la transparencia real por una estética de servicio, dejando a la ciudadanía sin las herramientas necesarias para vigilar el uso de los recursos en el máximo tribunal del país.
