Un paquete fiscal agresivo y recaudatorio que generará un intenso cabildeo y hasta impugnaciones en los tribunales es anticipado por fiscalistas a partir de la propuesta que se entregará hoy al Congreso de la Unión junto con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026.
Se espera que se presenten cambios al Código Fiscal de la Federación (CFF), a la Ley Aduanera y a la Ley Federal de Derechos, con un sentido de justicia fiscal y social, a consideración de los diputados y senadores, con lo cual pasarán a segundo plano el marco macroeconómico estimado para el próximo año y el gasto público.
De acuerdo con lo adelantado por la presidenta Claudia Sheinbaum en sus conferencias de prensa y por la consejera jurídica, Ernestina Godoy, a legisladores de Morena, se trata de modificaciones que afectarán más a las empresas e instituciones financieras.
Con ello se cumplirá la promesa y se dará continuidad a la política de no aumentar ni crear nuevos impuestos, por lo que no habrá necesidad de una reforma fiscal integral de fondo.
Así, se pretende hacer cambios de “gran calado” para evitar la evasión fiscal, la corrupción en las aduanas y proteger la salud, sobre todo de los menores de edad.
Para las refresqueras
Sobre la propuesta relacionada con los impuestos que pagan las empresas productoras de bebidas saborizadas, Jesús Rodríguez Ambriz, integrante de la Comisión de Evaluación de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, consideró que lo más probable es que el paquete fiscal contenga una propuesta para limitar el contenido de azúcar.
Por otro lado, se anticipan medidas aduaneras para encarecer insumos y restricciones indirectas, como cambios en deducibilidad o publicidad.
Se evaluarían modificaciones al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), quizá con un esquema progresivo por azúcar. Una opción podría ser elevar de manera significativa la cuota que se aplica a refrescos —tal vez de 2 o 3 pesos por litro— o aplicar un mecanismo progresivo según el contenido de azúcar. También podrían diferenciar las tasas según la concentración: más gramos de azúcar equivaldrían a un impuesto mayor.
Este modelo ya se ha aplicado en países como Reino Unido, Chile y Portugal.
Podrían endurecerse los controles a las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa, insumo clave para las refresqueras, lo que representaría un golpe indirecto al subir costos de producción y reducir la dependencia de insumos extranjeros.
En materia del IVA, actualmente las bebidas azucaradas pagan una tasa del 16%, pero se contempla eliminar exenciones en productos fronterizos o endurecer los criterios de acreditamiento en la cadena de suministro. También se valoran restricciones en deducibilidad y publicidad, especialmente aquella dirigida a niñas y niños.
Asimismo, se podría reforzar el etiquetado frontal nutrimental (los sellos negros), aplicando sanciones económicas más severas a quienes no cumplan.
Según Rodríguez Ambriz, estas medidas podrían reducir el consumo de refrescos de 20 000 a 19 000 millones de litros —una caída aproximada del 3.25%— mientras que la recaudación del IEPS aumentaría de 27 800 millones a 38 700 millones de pesos, un alza del 39%.
También se indicó que eliminar la deducción que los bancos hacen por aportaciones al IPAB generará litigios.
Guillermo Mendieta, del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), explicó que el IEPS es un gravamen implícito en el producto cuyo objetivo es desincentivar el consumo. En bebidas saborizadas —incluidos algunos jugos o bebidas con jarabe de maíz— el impuesto ronda un peso por litro. Esto busca persuadir a la población para que disminuya el consumo, especialmente entre menores de edad.
