El pasado 13 de septiembre, Claudia Sheinbaum firmó y envió al Senado una iniciativa para reformar la Ley de Amparo, así como modificar el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo que a primera vista podría parecer un ejercicio de modernización judicial, en realidad abre la puerta a uno de los mayores retrocesos en materia de derechos y libertades en décadas.
Detrás de promesas de “digitalización” y “certeza jurídica”, esta reforma representa, según abogados y senadores de oposición, un intento deliberado por debilitar al Poder Judicial, limitar la defensa ciudadana y garantizar impunidad al poder político.
Un amparo mutilado para proteger al gobierno, no a las personas
El juicio de amparo es el escudo que tienen los mexicanos para defenderse de actos arbitrarios del Estado. Sin embargo, la iniciativa presidencial busca cercenar sus principales herramientas:
- Suspensiones a modo: Bajo el argumento de proteger el “interés general”, el gobierno podrá impedir que jueces detengan de inmediato la aplicación de leyes o actos de autoridad. Ejemplo simple y brutal: si una orden de demolición es injusta, el amparo ya no detendría la destrucción; cuando el juicio termine, la casa ya no existiría.
- Reducción del efecto colectivo: Hoy, un amparo puede beneficiar a un grupo amplio cuando se violan derechos colectivos (medio ambiente, megaproyectos, salud). La reforma busca que sólo proteja a quien lo promueve, debilitando luchas comunitarias e indígenas.
- Redefinición del “interés legítimo”: Casos emblemáticos —como el de Ayotzinapa o las demandas por omisión legislativa en publicidad oficial— se sostuvieron en esta figura. Al limitarla, miles de ciudadanos quedarían fuera de la posibilidad de impugnar abusos.
- Endurecimiento procesal: Se elevan requisitos, se restringen ampliaciones de demanda y se endurecen causas de improcedencia. Todo en detrimento de quienes menos recursos tienen para litigar.
Como advierte el abogado Luis Eliud Tapia Olivares, la reforma es abiertamente “pro autoridad”, pues presume que todo acto gubernamental es correcto solo por provenir de una autoridad, pervirtiendo conceptos como “bien público” o “interés general” para blindar decisiones del poder.
Un ataque directo al equilibrio de poderes
La senadora Claudia Anaya (PRI) advirtió que este proyecto golpea los artículos 103 y 107 de la Constitución, que garantizan el derecho al amparo. Alejandra Barrales (MC) fue más allá: la iniciativa “evade contrapesos y reduce las pocas facultades que le quedan al Poder Judicial”.
En los hechos, se busca:
- Cobro fiscal exprés: La reforma facilita embargos y ejecuciones inmediatas. La autoridad fiscal cobraría más rápido, mientras que los ciudadanos tendrían menos opciones de defensa.
- Jueces maniatados: Se limita qué juzgados pueden conocer los casos y se refuerza la “imposibilidad jurídica o material” para que las autoridades incumplan sentencias, una práctica ya usada en el caso Ayotzinapa.
- Prisión preventiva oficiosa blindada: Se pretende impedir que jueces de amparo suspendan su aplicación, aun cuando organismos internacionales la han declarado violatoria de derechos humanos.
Sin consulta, sin frenos, con mayoría automática
Ninguno de estos cambios se discutió con la sociedad civil, la academia o las víctimas de abusos de autoridad. No hubo parlamento abierto. La propuesta se cocina en las sombras y se impulsa con una mayoría oficialista que asegura su aprobación sin debate real.
Incluso si la Suprema Corte quisiera frenarla, su actual composición pro-gobierno genera dudas sobre la imparcialidad del control constitucional.
Una reforma para el control, no para la justicia
El mensaje es claro: blindar al Ejecutivo, debilitar al Poder Judicial y dejar indefensos a los ciudadanos. Bajo el disfraz de modernización, el gobierno pretende convertir el amparo en un adorno histórico, vaciado de su esencia de defensa frente al abuso.
Como concluye Tapia Olivares:
“El amparo nació para que una persona sin poder pudiera enfrentarse al Estado que lo tiene todo. Hoy lo quieren volver un trámite inútil, un simple papel que simule justicia mientras la autoridad hace y deshace a su antojo”.
Si esta reforma se aprueba, México retrocederá décadas en la protección de los derechos humanos, consolidando un modelo donde el gobierno legisla, ejecuta y se absuelve a sí mismo.
En pocas palabras: un amparo mutilado es un país sin freno al autoritarismo.
