El programa Infodemia, impulsado desde el Sistema Público de Radiodifusión y encabezado por Jenaro Villamil, se presenta oficialmente como una herramienta de verificación y alfabetización digital. Sin embargo, en la práctica, su operación exhibe inconsistencias que contradicen su narrativa institucional: altos salarios en la cúpula, subcontrataciones millonarias para tareas elementales y fallas evidentes en sus procesos de verificación.
De acuerdo con información pública, directivos del proyecto perciben ingresos mensuales que oscilan entre los 80 mil y más de 120 mil pesos. Paralelamente, el mismo programa destina más de 5 millones de pesos en contratos externos para la redacción de guiones, una función que, en teoría, debería formar parte del trabajo interno de un equipo que presume especialización en comunicación digital .
Esta dualidad —estructura costosa y dependencia de terceros— refleja un modelo administrativo poco eficiente, donde el gasto público no necesariamente se traduce en mejores resultados, sino en una burocracia inflada que externaliza tareas básicas mientras mantiene una narrativa de autosuficiencia.
El problema no es únicamente financiero. En el terreno operativo, Infodemia ha demostrado fallas que comprometen su credibilidad. El caso más reciente ocurrió cuando el programa calificó como falso un video ampliamente difundido en redes sociales —argumentando incluso el uso de inteligencia artificial—, para después ser desmentido por la propia presidenta, quien confirmó la autenticidad del hecho. El equipo terminó reconociendo el error públicamente .
Este episodio no es menor: evidencia que el supuesto rigor metodológico de verificación puede quedar subordinado a la necesidad política de desmentir narrativas incómodas, incluso a costa de incurrir en errores verificables.
Además, el crecimiento salarial dentro del organismo refuerza la percepción de que el proyecto premia la cercanía política más que los resultados. Funcionarios que iniciaron con ingresos modestos han multiplicado sus percepciones en pocos años, sin que exista una correlación clara con mejoras en la calidad o confiabilidad del contenido .
A esto se suma el uso recurrente de adjudicaciones directas para la contratación de servicios, un mecanismo que el propio discurso gubernamental había prometido erradicar. La reiteración de este esquema en Infodemia apunta a una práctica institucionalizada más que a una excepción.
En conjunto, el programa termina operando menos como un sistema de verificación independiente y más como un instrumento de defensa narrativa del gobierno. Bajo la etiqueta de “combate a la desinformación”, se configura una estructura que, lejos de fortalecer el debate público, tiende a desacreditar selectivamente aquello que resulta políticamente inconveniente.
El problema de fondo no es la existencia de una estrategia de comunicación oficial —algo inherente a cualquier gobierno—, sino el uso de recursos públicos para construir una plataforma que se presenta como objetiva mientras actúa con sesgo evidente, errores documentados y costos difíciles de justificar.
En ese sentido, Infodemia no solo enfrenta un problema de credibilidad: enfrenta un problema estructural de coherencia entre lo que dice ser y lo que realmente hace.
