El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego formalizó una denuncia contra el Gobierno federal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que es víctima de una estrategia de persecución política articulada desde el poder público, bajo el pretexto de presuntos adeudos fiscales acumulados desde 2007 y que, en conjunto, ascenderían a alrededor de 51 mil millones de pesos, según reveló el diario El País.
De acuerdo con el medio español, la acción internacional se produce después de que el empresario agotara todas las instancias legales disponibles en México. En noviembre pasado, Salinas Pliego perdió los últimos litigios relacionados con estos créditos fiscales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que cerró definitivamente la vía judicial interna para impugnar las resoluciones del fisco mexicano.
La internacionalización del conflicto se detonó tras una reunión sostenida por el empresario con el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington. Posteriormente, Grupo Salinas difundió un posicionamiento público en el que acusa al Gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum de desplegar un patrón sistemático de hostigamiento fiscal, judicial y administrativo con fines políticos.
La defensa de la libertad en México y el continente americano es responsabilidad de todos.
— Grupo Salinas (@gruposalinas) January 13, 2026
Hoy, en la sede la @OEA_oficial, nuestro presidente, @RicardoBSalinas sostuvo una reunión con @PVacaV, relator especial para la Libertad de Expresión de ese organismo, en la que presentó… pic.twitter.com/6hMrcvRwtQ
En la denuncia presentada ante la CIDH, el consorcio empresarial sostiene que las autoridades mexicanas han recurrido a auditorías reiteradas y desproporcionadas, así como a resoluciones administrativas selectivas, con el objetivo de presionar y castigar al empresario por su postura crítica frente al poder. A ello se suma —según el señalamiento— una campaña de desprestigio alimentada por declaraciones oficiales y la amplificación mediática de las acusaciones fiscales, lo que habría impactado directamente en su reputación pública y empresarial.
Uno de los ejes centrales de la queja es la presunta instrumentalización política del aparato fiscal, así como lo que Grupo Salinas describe como una captura del Poder Judicial. Este último punto se vincula de manera directa con la reciente reforma judicial que permitió la renovación, mediante voto popular, de una parte sustancial de la judicatura federal, un proceso que el empresario considera lesivo para la independencia judicial y para el equilibrio de poderes.
Con esta denuncia, Salinas Pliego no solo busca una revisión internacional de su caso particular, sino que plantea un cuestionamiento más amplio sobre el uso del poder fiscal y judicial como mecanismos de control político. La admisión o no del caso por parte de la CIDH marcará el siguiente capítulo de un conflicto que ha trascendido ya el ámbito tributario para instalarse en el terreno de los derechos humanos, la libertad de expresión y el Estado de derecho en México.
Ya salí de mi primera reunión con Pedro Vaca @PVacaV, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la @CIDH. Me invitaron para escucharme y recibir un expediente con pruebas de lo que @gruposalinas y yo estamos viviendo, un acoso sistemático por parte del @GobiernoMX:… https://t.co/xXnn44eYnm pic.twitter.com/yRlzaWsrd7
— Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) January 13, 2026
