La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a optar por el camino del encubrimiento político. Tras el accidente del Tren Interoceánico que dejó 14 personas muertas, la mandataria no solo evitó asumir la responsabilidad de su gobierno, sino que salió abiertamente a exculpar a Gonzalo López Beltrán, hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, pese a que su nombre está vinculado a la supervisión de uno de los proyectos emblemáticos del lopezobradorismo.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum pidió “esperar los dictámenes” de la Fiscalía, pero al mismo tiempo adelantó una línea de defensa que deslinda al círculo político y familiar del poder, trasladando la posible culpa a ingenieros y técnicos. Una estrategia conocida: proteger a los cercanos y sacrificar a los subordinados.
La defensa resulta especialmente grave si se considera que no se trata de un caso aislado. Los hijos de AMLO arrastran ya un historial de señalamientos por conflictos de interés, tráfico de influencias y uso de su cercanía con el poder. El caso más emblemático fue el de José Ramón López Beltrán y la llamada “Casa Gris” en Houston, una residencia vinculada a un alto directivo de Baker Hughes, empresa contratista de Pemex, que evidenció contradicciones flagrantes con el discurso de austeridad y combate a la corrupción que el régimen presume.
A ello se suman los señalamientos contra Andy López Beltrán, operador político clave de Morena, acusado de intervenir en procesos internos, campañas y estructuras partidistas desde una posición de poder informal, heredada directamente del apellido presidencial. Y ahora, el caso de Gonzalo López Beltrán, presentado por Sheinbaum como un “supervisor honorífico”, una figura ambigua que, en los hechos, parece diseñada para tener influencia sin responsabilidad.
La presidenta afirmó que Gonzalo López Beltrán no tuvo atribuciones técnicas ni operativas en el Tren Interoceánico. Sin embargo, resulta difícil sostener esa narrativa cuando se trata de una obra que costó al menos 65 mil millones de pesos, depende de una paraestatal controlada por la Secretaría de Marina y ya había sido señalada por la Auditoría Superior de la Federación por fallas graves de diseño, como curvas peligrosas, pendientes excesivas y condiciones operativas deficientes.
El descarrilamiento ocurrido el 28 de diciembre de 2025 no fue una sorpresa. La ASF había advertido que la ruta requería protocolos estrictos para operar con seguridad. Aun así, el gobierno adquirió equipo ferroviario con hasta 50 años de antigüedad, retirado previamente de circulación en Inglaterra, para ponerlo a funcionar en un proyecto presentado como símbolo de modernización nacional.
Pese a todo, Sheinbaum insiste en reducir la tragedia a un “asunto técnico” que se resolverá con un dictamen. Pero la dimensión real es política y ética: un gobierno que presume combatir la corrupción, mientras protege sistemáticamente a la familia del ex presidente, incluso cuando los proyectos que supervisan terminan en tragedia.
El Tren Interoceánico recorre apenas 220 kilómetros entre Coatzacoalcos y Salina Cruz en unas siete horas. Hoy, ese trayecto no solo está marcado por la ineficiencia y el despilfarro, sino también por la muerte de 14 personas y por un patrón que se repite: los hijos del poder nunca son responsables, aunque el costo lo pague el país entero.
