El destino del Instituto Nacional Electoral (INE) parece haberse sellado en 2025 con un presupuesto de 19 mil 645 millones de pesos, insuficiente para cumplir siquiera con lo esencial. Una tercera parte de estos recursos se destinará a la elección de juzgadores, pero a un costo que amenaza con asfixiar al órgano electoral y, con ello, erosionar el frágil entramado democrático de la nación.
La madrugada del martes, el Consejo General del INE aprobó ajustes draconianos a su presupuesto, priorizando la elección judicial sobre sus demás actividades. Los 19 mil 645 millones asignados por la Cámara de Diputados incluyen un recorte de 8 mil 855 millones respecto a la propuesta inicial. De esta ya disminuida cifra, 6 mil 219 millones se dedicarán a elegir juzgadores, dejando al resto del INE con un presupuesto mutilado.
Los números no cuadran, y las consecuencias son desoladoras. La consejera Dania Ravel anunció que apenas se contratará a 4 mil 941 supervisores electorales y 24 mil 715 capacitadores, cifras alarmantemente bajas, reducidas en 32% y 43% respectivamente. Pero lo peor estaba por venir: en los ajustes finales, el Consejo General aprobó aún menos contrataciones, con apenas 3 mil 121 supervisores y 18 mil 568 capacitadores.
La precariedad no termina ahí. Las 172 mil casillas planeadas para el proceso electoral de 2024 se reducirán a unas escuálidas 73 mil, denominadas ahora “casillas seccionales”. Un eufemismo apenas capaz de disimular la descomposición que se avecina. La austeridad forzada también se traducirá en recortes en alimentación, combustibles, viáticos, materiales de oficina y el pago de honorarios permanentes. El personal enfrentará una carga de trabajo insostenible, sistemas críticos quedarán sin mantenimiento, y al menos 60 proyectos serán cancelados. Los que sobrevivan lo harán a medias, sin cumplir los objetivos planteados.
Durante las deliberaciones, la consejera Carla Humphrey dejó clara la magnitud del desastre: «Es una tendencia asignar mayores responsabilidades al INE mientras se le recortan los recursos. Esto pone en riesgo sistémico a la institución y su viabilidad entera. El desenlace no será positivo para la democracia». Un eco fatal resonó en las palabras de la consejera Claudia Zavala: “Mermar por un supuesto ahorro la legitimidad de la elección más importante en años es un golpe fatal a nuestra democracia y a la República misma”.
La última esperanza parece recaer en una solicitud de ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, la consejera presidenta Guadalupe Taddei, aunque optimista, deja entrever la fragilidad de esta estrategia. Su confianza en que la puerta de la Presidencia de la República garantizará un respiro presupuestal parece más un acto de fe que una certeza.
El panorama no deja espacio para ilusiones. Este ajuste es más que un golpe al INE; es una herida abierta en el corazón de la democracia mexicana. Si persiste esta ruta de austeridad extrema, el desenlace será inevitable: un sistema electoral incapaz de sostenerse, una justicia electoral comprometida, y una ciudadanía cada vez más alejada del ejercicio pleno de sus derechos.
